“El soma puede hacernos perder algunos años de vida temporal, pero piense en la duración inmensa, enorme, de la vida que nos concede fuera del tiempo.” Un Mundo Feliz, Aldous Huxley

A cincuenta años de la ratificación de la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas (CUENU), resulta imposible medir la enorme cantidad de dinero, personal, infraestructura y vidas humanas que se han destinado al combate del tráfico y consumo de drogas ilegales en todo el mundo, y aún así los resultados son de tan desfavorable naturaleza. Tanto así, que diversas personalidades mundiales como lo son Kofi Annan, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Ernesto Zedillo, George Shultz, entre otros, presentaron el 2 de Junio pasado un documento titulado “Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas” [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][pdf], en cuyas primeras líneas afirman algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo: “La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. […] se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.”

Sin embargo, junto a otras recomendaciones, el Informe de la Comisión sugiere como una medida de solución la legalización de las drogas, y ofrece una serie de argumentos que, me parece, responden a un modelo teórico ideal que difícilmente coincide con la realidad mexicana actual, y por lo tanto debe valorarse, pero no aceptarse a pies juntillas.

Ante la crisis y la búsqueda desesperada de una solución podemos caer en simplicidades que sólo agravan nuestros problemas; por ejemplo, no coincido con la idea generalizada (que me parece simple) de que EL GRAN problema a resolver en México es la delincuencia organizada. En mi opinión, el verdadero problema nacional es LA DELINCUENCIA, así, sin apellidos, sin vertientes ni sobrenombres, incluyendo a todas sus variantes y entendiéndola como la ANOMIA SOCIAL. Esa peste que sangra a la nación y que es alimentada diariamente tanto por criminales como por funcionarios y ciudadanos ‘de a pie’.

Desde luego, hoy la prioridad es frenar la delincuencia organizada y en particular al narcotráfico, por ello centraré mi discurso en debatir la idea mecanicista de que la solución es legalizar las drogas, pero no quisiera que se perdiera de vista la idea de que el poder actual del narcotráfico, y de otras variantes de la delincuencia en México, es resultado natural de una sociedad que lleva décadas sumida en la impunidad y que ha construido un Estado en el que el Derecho se aplica a contentillo y conveniencia, situación que socialmente hemos promovido y aceptado desde hace ya varias décadas.

Como bien dice la Comisión en su informe, el uso de la fuerza bruta (eufemísticamente llamada policial o militar) sólo ha dejado consecuencias desastrosas porque lleva la violencia sistematizada a las sociedades, porque cada preso o muerto en el combate significa también una familia que se queda sin un padre, un hijo o un hermano, porque tanto el Estado como los cárteles se vieron obligados a sofisticar su armamento y así alimentaron otro mercado de muerte: el de las armas. No tengo duda del fracaso del combate únicamente militar a la droga, la evidencia histórica así lo demuestra, pero me veo obligado a preguntar ¿Cómo evitaría hoy la legalización de las drogas esos y otros males que ya padecemos en México?

– Consideraciones éticas

Toda discusión sobre el tema obligatoriamente debe pasar por la valoración ética, que no moral ni religiosa, asociada a la legalización del veneno en nuestra sociedad.

Claro, y así lo dice el liberalismo, cada quién es libre de suicidarse si lo desea y de hacerlo según la manera que prefiera, pero no por ello deja de ser contrario a la dignidad humana repartir armas cargadas a los que sufren depresión, o frascos de arsénico a los tristes y resentidos del mundo.

Incluso si seguimos bajo la misma lógica superficial de análisis liberal que conduce a enunciar el argumento del ‘derecho a suicidarse’, las 165 personas que mueren cada día por el consumo del tabaco [pdf], y las 35 víctimas del consumo de alcohol [pdf] no deberían recibir tratamiento, porque
después de todo, ‘ellas decidieron morir’ y por tanto, según esta visión frívola de pseudoliberalismo, habrían de asumir las consecuencias y no malgastar los menguados recursos de la sanidad pública. Postura que por supuesto, resulta aborrecible. Todos los enfermos, así sea por voluntad propia, deben de ser tratados de la mejor manera posible y ayudados por la sociedad y el Estado.

Hay quien afirma que así como hemos hecho con el alcohol y el tabaco, debemos “aprender a vivir con las drogas”. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que en lugar de aprender a vivir con esas drogas legales hemos aprendido a ignorar esas muertes. Mientras que en cinco años la guerra/no guerra [pdf] (sic) de Calderón ha cobrado 40,000 vidas (la estadística oficial es de 28,000), el consumo de alcohol y tabaco, ambas drogas legales, arrebataron a la nación la vida de aproximadamente 300,000 ciudadanos, siete veces más que la lucha contra las drogas. En un año la industria tabacalera arruina más vidas que todas las que se ha cobrado el enfrentamiento bruto (¿si sólo se usa la fuerza bruta de qué otra forma calificarlo?) a los carteles de las drogas… Y es que no resulta difícil ignorar al que muere lentamente en el aséptico cuarto de un hospital, lejos de nuestra vista.

Aceptar que un capo se enriquezca con ‘apego a derecho’ de la muerte de otros, equivaldría en alguna medida a decir que tragedias como la de Pasta de Conchos o de Pocitos, Sabinas, son justas, porque los mineros, haciendo uso de su “derecho a hacer de su cuerpo lo que quieran”, decidieron “libremente” trabajar bajo esas condiciones laborales. Pienso que son notablemente similares en culpabilidad tanto el que se enriquece con la muerte ajena, como el que permite que suceda.

Espero que no se me confunda, no pretendo justificar las injustificables e imperdonables muertes asociadas a la guerra/no guerra(sic) iniciada por Calderón (que no es el único responsable, hay que decirlo claramente). La pésima decisión de enfrentar brutamente al narcotráfico inició un baño de sangre que aún se puede y se debe detener, pero para lograrlo no hace falta legalizar las drogas. Cambiar la estratégica de combate, no requiere necesariamente ‘tirar la toalla’ y aceptar el altísimo costo ético de ‘sobrellevar‘ la muerte.

Por otra parte, es verdad que el argumento ético no basta para tomar una decisión de Estado. Consideremos el hecho de que el mercado legal del tabaco y alcohol generalmente no cobran vidas distintas a las de sus consumidores (que siempre son jóvenes porque los viejos o mueren o enferman[1]). Si en efecto, legalizar las drogas garantiza un viraje del mercado asociado a estándares y prácticas similares a los del tabaco, o mejor aún, a los del alcohol, sería perfectamente justificable legalizar las drogas por mera objetividad de soluciones: aceptar la degradación personal y muerte de adictos, que de todas formas ya sucede, a cambio de restablecer la paz en el país.

Procedamos entonces, a la discusión fuera del marco ético.

– La ley Volstead

Recurrentemente los defensores de la legalización citan como argumento lo sucedido con la Ley Volstead en Estados Unidos de América (EUA) para convencer de las virtudes de mantener en “lo visible”, en lo legal pues, los mercados de las drogas.

El detalle está en que omiten una diferencia sustancial: La venta de alcohol ya se realizaba en un mercado legal establecido previamente a la prohibición, de ahí que desde un inicio la ley padeció de un profundo desprestigio público. La sociedad norteamericana, tradicionalmente liberal, sintió vulnerados sus derechos y no participó activamente (mediante la denuncia por ejemplo) en la persecución de los señores del alcohol; obviamente la complicidad pasiva de los críticos de la prohibición permitió el fortaleciendo del mercado negro del alcohol.

En efecto, tras 13 años de intentar inútilmente hacer cumplir una ley promulgada bajo argumentos religiosos, el Gobierno de EUA dio marcha atrás y pronto el mercado negro, y esto es importante, regresó a su estado original en el que es regulado por la ley.

Los defensores de la legalización presuponen que así como pasó con el alcohol en EUA, pasará con las drogas en México. Yo dudo de esta transformación mecánica porque las sociedades son distintas y las condiciones también. En primer lugar, en México el mercado de las drogas nació y se fortaleció en la ilegalidad, y no conocen formas de organización distintas a las criminales. No podemos tener la certeza de que, dado el supuesto de su legalización, los narcotraficantes decidirán de buenas a primeras tener razón social y registro ante Hacienda. [2]

En segundo lugar, hasta donde sé, la sociedad norteamericana jamás se enfrentó a grupos criminales tan poderosos que disputaran con éxito la hegemonía del Estado en amplias zonas del territorio nacional. La capacidad de fuego de los señores del alcohol nunca se acercó a la que actualmente tienen los carteles mexicanos. La capacidad del narcotráfico es de tal magnitud que incluso disputa al Estado uno de sus tradicionales monopolios: el del cobro de impuestos. La mafia norteamericana no podía siquiera aspirar a hacer eso.

El EUA de la primera mitad del siglo pasado es muy distinto al México actual; el Chapo Guzmán no es Al Capone, y el mercado de alcohol de los 30’s, bastante local, no se compara al mercado de drogas moderno que es bastante global. La experiencia con la ley Volstead es importante pero definitivamente no sirve como argumento a favor de la legalización de las drogas en el México del 2011.

– Consideraciones sociales

Idealmente, legalizar las drogas permitiría gravarlas con impuestos y, según afirman los defensores, utilizar ese dinero para “rehabilitar y prevenir” adicciones. Sin embargo, la realidad es que el Estado mexicano no cobra los impuestos debidos a empresas “legalmente” establecidas, entonces ¿cómo lo va hacer con cárteles que incluso cobran sus propios impuestos a la población mexicana? Simplemente me parece técnica y operativamente imposible.

Se afirma que la legalización reduciría los precios, pero de ser cierto [3], sólo funcionaria si esto se hace previamente en los países consumidores del mundo, en particular EUA. Mientras que la gran demanda (la de exportación) siga operando bajo los altos costos de la ilegalidad, el precio no disminuirá y las ganancias de los cárteles seguirán siendo exorbitantes.

Por otro lado, no olvidemos que los cigarros son gravados con elevadas tasas de impuesto con la intención exitosa de disminuir su consumo. ¿Qué pasará si el precio de las drogas disminuye? No me aventuraré a exagerar y decir que aumentará exponencialmente su consumo, pero no podemos desechar la idea de un aumento, aunque éste sea ‘leve’.

Además, la legalización no suprimirá la competencia. Los cárteles seguirán compitiendo por el control del mercado, lo que aunado a la variedad de “negocios” que atienden (aparte de la droga está el secuestro, la extorsión, el robo, la trata de personas, entre otras), deja pocas esperanzas a la posibilidad de que abandonen el uso de la violencia e ingresen al juego de la competencia empresarial “limpia”.

A mi parecer, lo único que se lograría con la legalización es volver jurídicamente intocables a los cárteles de la droga, porque todas las hipotéticas ventajas que la legalización traería consigo parten de supuestos extremadamente improbables:

1. Que los cárteles de la droga están dispuestos a seguir un marco legal que regule la producción, distribución, venta y consumo de drogas (cosa que dudo mucho);
2. Que el Estado mexicano tiene la capacidad de hacer cumplir la ley, cosa que ya demostré no es necesariamente cierta; y
3. Que aún si pudiera, el Estado efectivamente hará cumplir esas leyes y normativas, cosa que hoy por hoy no hace ni con la justicia penal, ni con el patrimonio de la nación, ni con las televisoras, ¡ni siquiera con la policía!

En conclusión

Seguramente en las naciones que aún no tienen organizaciones criminales exageradamente poderosas, legalizar es el mejor camino, pero en México, legalizar hoy las drogas sólo empeoraría las condiciones de combate al narcotráfico, pues dejaría sin argumento jurídico al Estado y protegería en un hipócrita manto de ‘legalidad’ al asesino y al criminal. Probablemente hace 25 años, cuando el incipiente mercado de la droga era débil, habría sido un buen camino, pero para el México de hoy no lo es.

No apoyar la legalización de las drogas no implica estar a favor de la actual y fallida estrategia de combate, ni ser partidario del Ejecutivo Federal o su partido. Por el bien de la nación, debemos basar nuestra opinión sobre las formas en las que se debe o no llevar la lucha en argumentos racionales y probables, y no en posturas partidistas o de filiación política.

– Anexo: El caso de la marihuana
Existe en el discurso de la legalización una posible oportunidad que, si bien no es la solución, tal vez podría ayudar, aunque no en mucho, en el combate a los cárteles de la droga. Resulta que la marihuana no sólo tiene efectos nocivos notablemente menores a otras drogas, además es la más consumida y demandada en el mercado americano (de América, no sólo de EUA), por lo que probablemente es un objetivo táctico del cual podríamos obtener ventaja.

Si brindamos al consumidor la posibilidad de producir él mismo (cosa que es técnicamente posible y fácil) su propia hierba, evitaríamos, al menos en principio, que recurra a terceros para obtener la marihuana, con lo que se atacaría un buen porcentaje de las ganancias del crimen organizado.

Sin embargo, hay algunos problemas en esta idea que se deben considerar: 1) resulta muy complejo determinar los límites entre una producción casera destinada al autoconsumo y otra destinada a la venta o distribución (incluso gratuita). 2) La imposibilidad de verificar todos los “sembradíos caseros” para garantizar que sean de autoconsumo. 3) No todas las familias van a aceptar de buenas a primeras que sus integrantes tengan en el jardín una cannabis, por lo cual la oferta ilegal seguirá existiendo. 4) Los costos de salud pública que implicaría poner al alcance de cualquiera, siendo ilegal es un tanto más complicado, aunque tristemente no mucho, esta droga. 5) La tendencia que tienen los adictos a la marihuana a “escalar” en el consumo de otras drogas más fuertes, que obviamente no deben ser legalizadas. Y 6) Una vez más, el costo ético de aceptar otro veneno en nuestra sociedad.

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 1   Según estadísticas de la Organización Mundial de Salud, tres de cada cinco menores de edad que prueban el tabaco se volverán fumadores cotidianos, adictos a la nicotina, al llegar a la edad adulta, la mitad de ellos tendrá una “muerte prematura” y la mayoría sufrirá sin necesidad como resultado de su adicción. Por otra parte, en el documento “Por una juventud sin tabaco: Adquisición de habilidades para una vida saludable”, la Organización Panamericana de la Salud menciona que “entre 75 y 90% de los fumadores adultos comenzaron a fumar antes de cumplir 18 años de edad.” [regresar]

 2   Entre muchas otras diferencias culturales, la sociedad norteamericana es más apegada al Estado de derecho que la mexicana. Mientras que en EUA es común encontrar casos de altos funcionarios (incluso presidentes en funciones) y poderosos empresarios sometidos al poder judicial, pero en México esto resulta casi imposible. Tradicionalmente la sociedad norteamericana sólo violenta la ley cuando siente que ésta trasgrede sus garantías individuales, en México la transgresión de la ley es la norma imperante. Es difícil suponer que los capos mexicanos tendrán preferencia por “regularizar” su situación. [regresar]

 3   Sin poder asegurar nada, me pregunto si la afirmación es absolutamente correcta. Pienso por ejemplo en la curva de elasticidad que tiene la insulina, un producto que no importando su precio se sigue comprando por la necesidad que se tiene de él. A mi parecer, un adicto estaría dispuesto a pagar precios por encima de la media con tal de satisfacer su ansiedad. Además, dudo que los cárteles (bajo el supuesto de que se legalicen) acepten la competencia, por lo cual bien podrían establecer precios de monopolio. [regresar][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]