No debemos considerar la actual Ley de Seguridad Nacional (aprobada en 2005) como un proceso acabado, ya que si bien la Ley es un importante avance en la materia puesto que entre otros aportes asoció por primera vez el concepto de Seguridad Nacional a la defensa de la democracia y el mantenimiento del orden constitucional (garantías individuales incluidas), adolece de diversas carencias en su redacción y contenido.
Las carencias son aún diversas, la reglamentación que la ley da al Consejo de Seguridad Nacional dista mucho de lo ideal: persiste una falta de comunicación para la toma de decisiones, hay diferentes mandos y liderazgos, fragmentación de la información, duplicidad de funciones, carencia de mecanismos de intercambio de información, falta de una política clara de transparencia y problemas de tipo jurídico. No es claro cuál es la instancia que debe llevar la batuta, mientras que la Ley asigna al Centro de Investigación y Segruridad Nacional (CISEN) sólo funciones de inteligencia, en la práctica y ante la necesidad se le adjudica todo lo referente a la materia (tal es el caso del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional, Autoridad Nacional) pero no los elementos jurídicos y presupuestales para realizarlo. Cómo entonces reprochar al CISEN sus fallas.
Para fortuna y desfortuna de la Comunidad de Seguridad Nacional Mexicana y del CISEN en particular, la presidencia de Felipe Calderón marcó desde un inicio un profundo interés en materia de Seguridad Pública enfocado a lo que el Presidente llamó inicialmente la “guerra contra el crimen organizado” y mediante la cual se justificó un necesario aumento al presupuesto del CISEN así como la aprobación de su Estatuto Laboral, necesario para evitar la deserción de sus cuadros y garantizar mediante el servicio civil de carrera el alto nivel profesional de sus elementos. El ahora rebautizado “combate al crimen organizado” también atrajo la luz de los medios y puso en el centro de la discusión pública las deficiencias estructurales del Sistema de Seguridad Pública y también la carencia de un Sistema de Seguridad Nacional. Hasta aquí la fortuna.
Lamentablemente, el incuestionable problema de Seguridad Nacional que significa el crimen organizado, en particular su modalidad de narcotráfico, ha marcado una lógica inmediatista desde la cual, tanto los tres poderes de la unión como la opinión pública en general, se inclinan a pensar y exigir un Sistema de Seguridad Nacional articulado sólo para enfrentar la criminalidad. Obviando voluntariamente la visión coyuntural desde la que se debería abordar el problema y la necesaria distinción que debe existir entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Peor aún, se olvida que históricamente cuando la lógica y capacidades operativas de los organismos encargados de la Seguridad Nacional han sido incorporadas a los servicios de Seguridad Pública, las irregularidades que estos cometen han sido notablemente más atroces ya que se presenta la tentación de emplear mecanismos ilegales destinados a eliminar a los “enemigos” del régimen y a satisfacer fines de lucro personal y de grupo.
Es un error creer que la lucha contra el crimen organizado será siempre la prioridad del país. Tratar de resolver las deficiencias de nuestro incipiente Sistema de Seguridad Nacional mediante esta lógica inmediatista es condenar a las generaciones futuras a la incapacidad de respuesta oportuna ante peligros y amenazas nuevas.
Para definir la Seguridad Nacional no basta con contemplar las condiciones políticas y sociales del país, también es necesario atender las características económicas, geográficas y demográficas. Considero que la definición de Seguridad Nacional debe contemplar la posibilidad presente y futura de riesgos ocasionados por los desastres naturales; las epidemias y pandemias; la vulnerabilidad de nuestras fronteras; las dinámicas migratorias internas y externas tanto de nacionales como de extranjeros; la pérdida de cohesión social; el detrimento del medio ambiente y el calentamiento global; los desequilibrios en el desarrollo nacional y la escasez de recursos naturales estratégicos.
La Ley de Seguridad Nacional debe ser reformada para establecer un Sistema de Seguridad Nacional más eficiente y sólido que busque prevenir los problemas antes que solucionarlos (resolver un problema de Seguridad Nacional es siempre difícil, arriesgado y costoso para el país, mejor sería actuar prospectivamente para evitar que los riesgos se conviertan en amenazas) y que al mismo tiempo garantice el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.