Sin ser rigurosos, y de manera general podemos decir que el cáncer es el resultado de una irregularidad en los procesos de control celular del cuerpo. Esta enfermedad se presenta cuando una célula “decide” replicarse a mayor velocidad de la indicada y al crear demasiadas réplicas de sí misma disminuye sustancialmente la disponibilidad de recursos y espacio, dificultando la sobrevivencia de otras células sanas, por lo que paulatinamente lleva al organismo a la muerte.

Durante la primer década del siglo el presupuesto destinado a educación aumentó en un 45% y se abrieron 27 mil nuevas escuelas; desde 1980 los salarios de los profesores mantienen aumentos anuales superiores a la inflación; la matrícula de maestros cada vez es más numerosa -incluyendo profesores “fantasma“-; y en general, el gremio magisterial es un poder fáctico que desafía la autoridad de varios Gobernadores. Y a pesar de ello, con absoluto descaro, durante las últimas semanas los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), primero intentando evitar la aprobación de las leyes reglamentarias que habrían de acotar un poco sus privilegios laborales, y ahora intentando derogar esa misma legislación, se han dedicado a “desquiciar” la vida de los ciudadanos del Distrito Federal y sus alrededores.

Los integrantes de la CNTE, defendiendo sus privilegios coloniales -como la venta y herencia de plazas- impunemente han “tomado por asalto” calles, avenidas y carreteras, han dañado la estructura urbana, secuestrado la discusión parlamentaria, robado vehículos, impedido trabajar a Secretarías de Estado, bloqueado el aeropuerto, agredido directamente a ciudadanos y reporteros -en más de una ocasión– (videos aquí y aquí), y ocasionado pérdidas valuadas en cientos de millones de pesos, así como múltiples afectaciones y preocupaciones a la población. Peor aún, no es la primera vez que lo hacen, desde su fundación (en 1979) la Coordinadora ha utilizado sistemáticamente la violencia y el amedrentamiento como herramientas políticas, y aún así la respuesta del resto del gobierno ha sido vergonzosamente tibia e incluso inexistente.

Según parece, el fantasma de Octubre del ’68 todavía recorre la ciudad, ante los embistes de la CNTE los gobernantes se han mostrado renuentes a cumplir sus funciones, las autoridades han preferido evitar el probable costo político de utilizar la legítima facultad de la fuerza, a cambio de asumir el inevitable costo histórico de debilitar al Estado, y sentar precedentes que sirvan como incentivos para que en el futuro otros grupos -incluyendo delincuentes- consideren la violencia organizada como una acertada vía para alcanzar sus intereses.

“No se recuerda un año sin que los líderes de la CNTE no hayan tomado la ciudad de Oaxaca o las calles de Morelia, donde no hayan bloqueado espacios públicos en la Ciudad de México, donde no hayan planteado un pliego petitorio imposible de cumplir y, finalmente no hayan terminado recibiendo dinero y posiciones políticas o de poder de los gobiernos, o incluso de los opositores coyunturales de éstos. No importa quién sea el Presidente o el gobernador: se ha creado un monstruo que, paradójicamente, cuanto más se hunde al Estado y a su educación, más poderoso se hace.” Bibiana Belsasso

No debemos caer en el engaño de la Coordinadora -que invocando a los muertos trata de convencernos de que fuerza pública sólo asesina- y suponer que únicamente hay un par de vías de actuación: “dejar a hacer” o “hacer morir”. Es una simplificación absurda, porque el Estado debe y tiene la capacidad de administrar su fuerza: desde hace mucho tiempo que existen medios y técnicas que permiten controlar multitudes sin derrochar violencia ni utilizar el plomo.

El pasado 1 de septiembre fue una muestra de la capacidad de salvaguardar el orden sin necesidad de atentar contra la vida. Pese a la hostilidad en el ambiente, entre el operativo de ese domingo y lo sucedido en diciembre de 2012 hay una gran distancia, comparado con el 2 de octubre de 1968 hay una diferencia abismal. Durante la instalación del Congreso General la autoridad logró contener la violencia sin excederse en su fuerza, los escudos, las tanquetas, el agua e incluso los gases pueden crispar los ánimos pero siempre son preferibles a las armas o al disturbio generalizado.

Consiente de su voracidad, la CNTE ha intentado legitimar su nefasto actuar exaltando la “insurgencia” y la “revolución” sin considerar el daño que puede ocasionar su incendiario discurso, los maestros simplifican la realidad y dicen que no “les quedó otra alternativa” para hacer “valer su voz” -siendo que no han intentado interponer ningún recurso jurídico-, e incluso tienen el atrevimiento de pretender engañar a la ciudadanía disfrazando su lucha como una “reivindicación popular”, y con cinismo se presentan como “movimiento social”, cuando no lo son.

En total incongruencia el magisterio dice desconocer al “gobierno opresor” pero cobra gustoso los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le da a través de los gobiernos estatales. A propósito omite mencionar que su contrato es con el Estado, que la existencia de sus puestos de trabajo responde a una política pública, y que por lo tanto su verdadera naturaleza no es -como afirman en sus discursos proto-marxistas- la de clase oprimida sino la de Leviathan, ineludiblemente no son “pueblo”. La realidad es que los maestros son burócratas, la CNTE es una agrupación de funcionarios públicos que lejos de cumplir su deber, se ha dedicado sistemáticamente a consumir los recursos del Estado.

La comparación puede resultar odiosa pero es lógica, el magisterio se comporta de forma similar a las células cancerígenas: cada vez son más y cada vez demandan un botín más oneroso.

Si bien es cierto que la mal llamada “Reforma Educativa” no toca todos los problemas de la educación, sino que se trata de un mínimo acotamiento laboral, también es cierto que no vulnera los derechos laborales reales de los profesores. Los cambios a la legislación pretenden hacer lo que ya se hace en muchas otras partes del gobierno -y que debería hacerse en toda la estructura-, y que también es una práctica regular en el sector privado: evaluar y controlar la calidad de los trabajadores. No hay en la reforma constitucional ni en sus leyes secundarias ninguno de los monstruos invocados por la Coordinadora para justificar su ilegal e ilegítimo actuar.

Si apoyamos a la Coordinadora y nos oponemos a que se evalúe a los profesores, congruentemente también tendríamos que oponernos a toda otra evaluación dentro de la administración pública. Si la zona de confort del magisterio es legítima y justa, si sus racionamientos son correctos, entonces también deberíamos exigir que no se apliquen exámenes ni evaluaciones a policías -que a diferencia de los maestros sí son despedidos-; tendríamos también que exigir que desaparezca el Instituto Matías Romero, el Servicio Fiscal de Carrera, el Servicio Profesional Electoral, así como todos los concursos de oposición y evaluaciones a las que son sometidos el resto de los burócratas del país.

No existen argumentos que justifiquen que un sector del gobierno desconozca el marco jurídico y se confronte al resto del gobierno -si en lugar de maestros fueran soldados, ¿qué adjetivo le daría la “izquierda”?-. Apoyar la ilegal e ilegítima lucha de la Coordinadora es atentar contra los principios de racionalidad y profesionalismo que deben regir en todo país moderno; despedir a un funcionario público por incompetente no es violentar sus derechos sino garantizar el correcto funcionamiento del Estado. Justificar sus actos y perdonar sus medios es abrir una caja de pandora en la dinámica política nacional que en nada beneficiará al país.

ACTUALIZACIÓN 14 SEPTIEMBRE 2013: Ayer la Policía Federal quitó a los maestros del plantón que desde hace meses mantenían en la plancha del zócalo (en sólo 10 minutos). Según lo reportado en noticieros ayer mismo y las crónicas que se pueden leer en La Jornada, El Universal, El Reforma (esta última vale la pena) y El País, la violencia utilizada fue poca (considerando las circunstancias y los actores) y estuvo dirigida a sectores anarquistas y no a los profesores; todo lo cual constituye otra prueba más de la capacidad del Estado para hacer cumplir su voluntad sin necesidad de abusar de su poder. Enhorabuena.