Desde hace varios gobiernos ha imperado la idea de combatir la criminalidad como si se tratase de un ejército invasor: con ocupación y defensa del territorio realizada a base de tirar balazos. Administraciones de todos los partidos han buscado en los policías y en los militares una especie de guardia fronteriza que mantenga a los criminales fuera de la población (“para que la droga no llegue a tus hijos”), como si las personas delincuentes vinieran del extranjero y no fuesen también integrantes de nuestra propia sociedad.

Esta visión romántica y simplista del delincuente como un “otro” que carece de conexión e interacción con la comunidad más allá de la depredación, nos ha llevado un escenario sangriento en el que se apilan los muertos y las familias rotas a ambos lados de la imaginaria ecuación que pretende dividir a los “buenos” de los “malos. Y las tasas de delitos tanto ordinarios como organizados no hacen sino aumentar.

Estamos ya en el tercer periodo invernal en el que el Congreso de la Unión pretende ampliar las capacidades jurídicas de las fuerzas armadas en México. Las navidades de 2016 y 2017 se fueron en la discusión y aprobación por parte de los diputados del PRI y del PAN de la polémica Ley de Seguridad Interior que finalmente fue vetada por la Suprema Corte de Justicia, y este año las bancadas de Morena, el PT y el PES han intentado aprobar de manera exprés la igualmente polémica modificación Constitucional que dará vida a la Guardia Nacional.

Sin embargo, gracias a la presión de la sociedad civil y de organismos internacionales la Cámara de diputados ha tenido que recular y ha pospuesto la votación a un periodo extraordinario de sesiones en enero. ¿Pues qué tendrán los festejos navideños para que dos congresos distintos las consideraron la mejor fecha para aprobar semejantes reformas?

La posible creación de la Guardia Nacional es una vuelta de riso sobre la misma idea equívoca de poner a luchar al Estado “bueno” contra la población civil “mala”. Lo cual ya de por sí es preocupante porque nos condena a otro sexenio de abandono de las instituciones de justicia en beneficio de los cuerpos represivos, pero que además resulta angustiosa debido a la ampliación de poderes que otorgaría a las fuerzas castrenses.

En los siguientes cinco apartados explicaré a detalle los motivos por los cuales considero un grave error la creación de una Guardia Nacional. Se trata de un texto largo y aunque traté de sintetizar mis argumentos, no pude reducirlos en demasía pues considero que en una discusión tan delicada para el país sería un error pretender un abordaje de poca profundidad.

Creo que la lectura completa del documento debería tomar aproximadamente unos 20 min. así que si no quieres recorrer todo el documento puedes ir directo al último apartado donde realizo las conclusiones.

I. La naturaleza de la guerra.

Recuerdo que hace casi tres años comí con una amiga y su hermano, un ingeniero militar, en las inmediaciones del Campo Militar 1 en la Ciudad de México. En aquellos días el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, había ofrecido una disculpa pública por la tortura que ejercieron una policía militar y un soldado sobre una mujer detenida ilegalmente en Guerrero, en febrero de 2015.

Durante la sobremesa el ingeniero militar que nos acompañaba nos mostró un grupo de whatsapp en el que varios otros soldados se lamentaban de la que consideraban como una “vergonzosa disculpa” realizada por el Secretario porque consideraban que sólo había “desvirtuado el honor de la Institución”.

Al preguntarle a nuestro acompañante sobre los motivos para que él y sus colegas considerasen negativa la disculpa esta fue su sincera respuesta:

“Dicen que violaron sus derechos humanos, pero no es cierto. Si revisas el video puedes ver que a ella le pusieron la bolsa en lapsos de tan sólo 15 segundos o menos. ¡A nosotros en el entrenamiento nos la ponen hasta 30 segundos y no nos quejamos!”

Una respuesta en la misma línea que la que dio hace unos meses Isaac Muñoz Navarro, Subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en el marco de la 50 conmemoración de la masacre del 68:

“[El 2 de octubre de 1968] el personal militar actuó conforme a derecho, protegiendo en todo momento a la población civil y respetando los derechos humanos”.

Así está la cultura organizacional de las fuerzas armadas. Así la violación rutinaria de los derechos de sus integrantes, al punto de que éstos ya son incapaces de distinguir la violencia de la que son víctimas.

Desde luego, es incuestionable que el origen y el sentido de existencia de cualquier ejército en el mundo es la ejecución de guerra. Por ello es lógico que se entrene a los soldados en formas extremas de la implementación de la violencia Estatal y resultaría un ejercicio un tanto odioso criticar la letalidad de nuestras fuerzas armadas.

De hecho, después de hablar de la disculpa de Cienfuegos, el ingeniero militar también me mostró una colección de de noticias de periódicos locales en las que sus camaradas habían sido sancionados o detenidos por presuntamente abusar de la fuerza. La mayoría de los casos tenían que ver con haber atacado a adversarios débilmente armados, con una clara inferioridad numérica y, algunas otras, con haber confundido a civiles con enemigos.

El ingeniero soltó una pregunta muy pertinente:

“¿Cómo quieren que cuando te está cayendo plomo te pongas a pensar cómo convencerlos de rendirse? ¿o cómo va uno a saber, en medio del desmadre y entre toda al gente, quiénes son sicarios y quienes no? Pues uno lo intenta pero a veces solo queda disparar porque de que lloren en su casa a que lloren en la mía…”

Desde ese momento entiendo claramente la difícil disyuntiva en la que se encuentra el soldado cuando, a pesar de haber sido entrenado para matar, le piden que regule el uso de su fuerza o que, peor aún, realice prevención e investigación del delito; ambas materias que no existen en su proceso de formación. Si los policías civiles generalmente tienen problemas para integrar reportes policiales o custodiar escenas sin alterar la evidencia, ¿cuánto más complejo será para un militar?

Vistas las condiciones en las que viven y trabajan (porque ser soldado no deja de ser un trabajo), es inevitable sentir empatía con la pobre condición de la tropa: atrapada entre el autoritarismo abusivo de sus mandos y la realidad social que les exige ser policías cuando en realidad son militares.

Es de esta empatía a la que apelan (y de la que abusan) personajes como Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuando tratan de convencernos de que la reforma Constitucional dará a las fuerzas armadas las garantías jurídicas que necesitan para hacer su labor. Llegando incluso a amenazar con su absoluto retiro de las calles si no se crea un nuevo marco jurídico para supuestamente “acabar con el limbo legal en el que operan”.

No creo que ningún mexicano se oponga a otorgar a nuestros militares condiciones dignas para realizar su importante misión de protección de la Patria, pero es necesario decirlo: NO HACE FALTA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ELLO.

II. Las fuerzas armadas NO operan en un vacío legal. 

Quienes buscan la creación de un marco jurídico excepcional para las fuerzas castrenses aseguran que su actuación en la lucha contra la criminalidad se desarrolla en un limbo jurídico que les pone en indefensión y que resulta violatorio del marco constitucional. Sin embargo, es una mentira afirmar que no existan leyes que regulen la actuación militar en tareas de seguridad pública.

Desde las históricas tesis de la Suprema Corte de Justicia de 1996 en el que se aceptó la participación “en conjunto con autoridades civiles” de las fuerzas armadas para la atención de delitos graves (XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y XXX/96; mismas que no son definitivas, por cierto), los actores militares han ocupado cada vez más espacios de poder en materia de seguridad pública y mayores facultades en diversos ordenamientos jurídicos, por ejemplo:

1. Las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México;
2. la Ley de Seguridad Nacional;
3. la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
4. la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
5. la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y
6. el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas.

De manera que hay suficientes normativas para descartar la mentira de un hipotético vacío legal en su actuación. En cada uno de estos ordenamientos (y en otros que ahora se me escapan) hay disposiciones que contemplan y regulan la actuación de militares y marinos en temas de alta urgencia o gravedad y en compañía con las instituciones civiles.

Por eso mismo resulta tan chocante la… ¿amenaza? ¿advertencia? que dio Alfonso Durazo el pasado 18 de diciembre cuando dijo que si no se aprueba la Guardia Nacional se regresará inmediatamente a los cuarteles a cada militar desplegado. Si bien, él afirma que su interés es “cumplir el artículo 21 Constitucional”, sus palabras más bien parecen una extorsión política que abusa de la necesidad inmediata y urgente de muchas poblaciones del país que requieren de medidas de contención temporal de la violencia criminal.

Desde mi perspectiva, lejos de importar la congruencia jurídica, lo que se busca es obtener facultades hasta ahora meta constitucionales para las fuerzas armadas.

Advierto que oponerse a la creación de la Guardia Nacional no implica pedir el retiro inmediato de los militares ni menoscabar su labor patriótica. Sencillamente es apelar al conocimiento y a la experiencia que cuatro sexenios nos han dejado: La crisis de seguridad pública que enfrentamos es un tema de fortaleza institucional, no de capacidad de fuego.

III. Cuatro sexenios de fuerzas armadas arrojan preocupantes resultados.

Existe la idea de que Felipe Calderón fue quien inauguró la utilización de militares en el combate a la criminalidad, pero la realidad es que ya durante el sexenio de Ernesto Zedillo el 87% de las Entidades Federativas había mandos del ejército ocupando puestos judiciales y policiales. Así mismo, con Vicente Fox la Policía Federal Preventiva se integró en un 60% con elementos de la tercera brigada de policía militar (7,588 militares y 278 marinos). Y con Enrique Peña las fuerzas armadas mantuvieron un promedio de 31 operativos cada hora en distintos puntos del territorio nacional, y el número de policías militares se cuadruplicó al pasar de 6,145 elementos al inicio de su mandato a 35 mil integrantes que ahora se pretenden utilizar para crear la Guardia Nacional.

La evidencia sugiere que la participación sostenida de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública y el enorme crecimiento de su presupuesto (que entre el año 2000 y el 2018 se elevó en un 130%) tienen poco impacto en la violencia y la criminalidad del país; mismas que se encuentran en un récord histórico.

Todavía falta la numeraria del fin de año pero todo parece indicar que el 2018 cerrará con más de 26 mil denuncias por homicidio doloso, lo que lo ubicará como el segundo año más violento de la historia moderna del país; seguido por el 2017 con 32 mil asesinatos.

Sin embargo, a pesar de las cifras, personalidades como: Durazo; el Diputado Mario Delgado y la Secretaria de Gobernación Sánchez Cordero aseguran que la creación de la Guardia Nacional con elementos de la Policía Militar de la SEDENA y la Armada es el único camino posible para salir de la crisis nacional que padecemos,  pero es momento que no muestran ninguna evidencia que sostenga tal afirmación, y en cambio se siguen acumulando los artículos y libros de especialistas que opinan contrario a ellos.

Quienes promueven la creación de la Guardia Nacional están obligados con la nación a responder claramente dos preguntas: ¿Por qué consideran que la perpetuación del modelo de guerra directa es la única alternativa para atender la crisis de legalidad? y ¿cuáles son las evidencias objetivas de las que se desprende la presunción de los militares como mejor alternativa que los civiles para la creación de una nueva corporación?

Exagerando la coincidencia de palabras, los promotores de la militarización de la seguridad han declarado en diversas ocasiones que la Policía Militar tiene un entrenamiento equivalente al de las policías civiles y suficiente como para sustituirlas. También afirman que ello es necesario porque consideran a estas últimas un caso perdido de corrupción e insuficiencia, lo cual es a todas luces un juicio injusto e ingenuo.

Decir que las corporaciones civiles son insalvables es injusto con los miles de elementos policiales que sí desempeñan su labor con honorabilidad, y excesivamente indulgente con la activa complicidad que algunos militares tienen con grupos criminales.

Pero también es un diagnóstico ingenuo (¿o cínico?) porque se niega a reconocer el hecho de que la Policía Militar no recibe ningún entrenamiento de proximidad ciudadana, ni de prevención del delito, ni de investigación y recolección de evidencia. Ni tampoco considera el hecho de que la casi totalidad de la actual Policía Militar se conformó con militares regulares a los que se les agregó el distintivo “PM”. Para acrecentar a toda prisa las filas de la Policía Militar desde hace cuatro años se han estado transfiriendo elementos desde diversas brigadas militares, e inclusive del propio Estado Mayor Presidencial.

Entonces, ¿cómo asegurar que con una “capacitación” en derechos humanos se reformará la especialización que durante años han desarrollado estos elementos: el uso de la fuerza letal?

“Los que se quisieran incorporar (soldados) y capacitar como policías, los soldados que quieran capacitarse como policías, aquí hay que subrayar la palabra policías, por favor. Por favor, la palabra policía es la que está presente; no es más que una policía desde luego militar, naval y federal, pero policía al fin y al cabo”, Olga Sánchez Cordero.

La principal diferencia entre una corporación policial y una militar radica en el paradigma de la violencia Estatal que les rige: mientras que un policía tiene la misión de detener a ciudadanos que violentaron algún código, un soldado debe incapacitar para el combate (con la muerte si así es requerido) a un enemigo que pone en peligro la viabilidad nacional.

Es decir, mientras que en las policías civiles se utilizan los impuestos públicos se utilizan para crear un sistema de consecuencias que disuada la realización de delitos al interior de la sociedad, en los cuerpos castrenses se destina el dinero público al desarrollo de la capacidad Estatal para asesinar a otras personas. ¿En verdad queremos un gobierno fortalecido en la posibilidad de matar a sus propios ciudadanos?

Llegado a este punto debo ser muy claro advertir que en este debate no se discute la ética del Ejército y la Marina, sino la pertinencia y alcances de su participación en materia de seguridad pública. No es lo mismo implementar la violencia Estatal al interior de la propia comunidad civil que a su exterior. Por ese motivo todos los países mínimamente democráticos mantienen separadas las funciones policiales de las militares.

Como resultado de menospreciar las diferencias organizacionales y hasta culturales que hay entre las organizaciones civiles respecto a las castrenses, nos ha llevado a una década en el que se acumulan casi 11 mil quejas por violaciones de Derechos Humanos por parte de la SEDENA y en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya acreditó más de mil víctimas de tortura, violencia sexual, asesinato y desaparición forzada por parte de las fuerzas armadas mexicanas. Entre los casos más sonados, por ejemplo, se encuentran tragedias como la masacre de Tlatlaya y el asesinato a sangre fría de los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo.

Ahora bien, debemos ser capaces de distinguir que el hecho de que las fuerzas armadas mexicanas hayan cometido tantos crímenes y violaciones de derechos humanos de la población civil durante los despliegues de las últimas décadas responde más a las condiciones estructurales en las que se encuentran y al paradigma de violencia al que son sometidas, que a la indisciplina o corrupción de algunos de sus elementos.

Por ello, nuevamente aclaro: nadie cuestiona el compromiso de militares y marinos, pero es claro que son personas sometidas a condiciones desfavorables para ellas y en las que tampoco pueden hacer mucho por resolver el problema de inseguridad. A tal propósito es altamente recomendable revisar el trabajo “Cadena de Mando” de Periodistas a Pie.

Es claro que la participación de militares ya sea utilizando sus propios uniformes, los de la Policía Federal Preventiva o eventualmente los de la Guardia Nacional, no ayuda a resolver la crisis de inseguridad que padecemos. La evidencia señala que su participación sólo reduce la tasa de expansión de grupos de delincuencia organizada, sin llegar a detenerla y sin disminuir la violencia asociada a ella (vale la pena revisar el trabajo de Laura Atuesta), y sin disminuir la criminalidad ordinaria. Todo ello porque en la naturaleza de los ejércitos no hay cabida para el ejercicio de funciones policiales.

IV. La seguridad es mucho más que capacidad de fuego.

El combate a la criminalidad no es una guerra. Y aún si suponemos que lo es, históricamente ninguna guerra se gana o se pierde sólo por la capacidad de fuego de los bandos combatientes. Por ejemplo, basta mirar el desastre militar que desde hace 17 años tiene Estados Unidos en Irak, donde a pesar de su inmenso poder económico, armamentístico y superioridad numérica no logra contener a los rebeldes. De hecho, mientras más soldados ha puesto en el terreno, peor han sido los resultados obtenidos por la potencia norteamericana.

Sucede que la crisis que atraviesa el país es ante todo una crisis de capacidad institucional y no de fuerza policial o militar.

En el mundo hay una gran diversidad de policías, pero dos escenarios contrastantes resultan aleccionadores y detonadores de reflexión. Por un lado, están las policías civiles de Reino Unido, Irlanda, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y China, y por el otro Brasil.

En el caso de los primeros países listados se utiliza un esquema mixto en el que la mayoría de las actividades policiales se realizan sin armas. Dejan la capacidad de fuego a cuerpos especiales que actúan sólo en situaciones concretas de alta peligrosidad y exclusivamente después de que el personal desarmado solicita su colaboración. Esto tiene, entre otras ventajas: la cercanía de los elementos policiales con la población y la facilidad con la que se detecta el movimiento de armas ilegales; mientras más armas legales están en circulación, más sencillo es ocultar las ilegales.

Por otro lado está Brasil, un país que lleva muchos años artillando a sus policías y transfiriendo la seguridad pública a manos de militares. Obteniendo resultados desastrosos.

El país sudamericano tiene una de las policías mejor entrenadas y más letales del mundo, pero al mismo tiempo es el segundo país más violento del continente Americano; justo por debajo de Venezuela. En 2017 Brasil registró 64 mil homicidios, más del doble que durante el año más violento en México, y con una población a penas 60% mayor que la nuestra.

Para reducir la criminalidad no hace falta reinventar la rueda pero sí es necesario mucho trabajo y bastante voluntad política. Internacionalmente se ha probado una ruta de actuación estatal que garantiza bajos niveles de delincuencia. En ella cada etapa debe hacerse con eficiencia porque todas son igualmente importantes y dependen unas de las otras:

1. Se inicia con la prevención social del delito: fortalecimiento del tejido social, disminución de la desigualdad económica, desarrollo del trazado urbano, acceso a oportunidades educativas y laborales, etc.
2. Cuando se comete un delito se realiza investigación científica para determinar posibles responsables y proceder a su detención. Esto exige policías capaces, pero también peritos, laboratorios, ministerios públicos y policías de investigación suficientes y bien capacitados.
3. Continúa con la realización de juicios justos y suficientemente expeditos, para lo cual hay que dar capacidad al poder judicial, crear juzgados, capacitar jueces y establecer indicadores de honestidad y eficiencia.
4. Y finaliza con un sistema penal que permite la reparación del daño a las víctimas y la aplicación de sanciones que lleven a la correcta reintegración de la persona que cometió el delito en la sociedad.

Durante todo este proceso debe existir una continua rendición de cuentas que garantice la correcta ejecución del sistema de justicia.

En México cada una de las etapas descritas tiene gravísimos problemas que resolver y, sin embargo, en el imaginario colectivo gobierna la idea reduccionista de que basta con tener más elementos estatales (policías o militares) y darles más capacidad de fuego. Lo cual, como se ha visto, ni siquiera basta para garantizar buenos resultados en la segunda etapa del proceso enunciado arriba.

Insisto: La crisis que atraviesa el país es ante todo una crisis de capacidad institucional y no de fuerza policial o militar.

No importa que tan equipados y entrenados estén los elementos de la nueva Guardia Nacional. Tampoco interesa si son 50 mil, 75 mil o 100 mil integrantes. Nada de eso cambiará las otras cifras que dan cuenta de la crisis institucional que enfrentamos:

• En México, cerca del 80% de las denuncias corresponden a crímenes del fuero común, así que por muchas balas que les demos a los soldados, el millón y medio de denuncias no relacionadas al crimen organizado que fueron presentadas sólo en 2018 seguirán esperando una investigación y un juicio.

• Entre otros problemas de escasez de personal, nuestro país tiene apenas 648 peritos especializados en identificación de cadáveres para cubrir 2,473 municipios. Es decir, en promedio hay un perito por cada 3 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional, por lo que no importa cuántos militares o policías estén las calles, se seguirán sumando cadáveres a la larga lista de 35 mil cuerpos que esperan ser identificados por los pocos peritos disponibles. Es decir, 35 mil familias seguirán sin saber el paradero de sus parientes perdidos, cuyos cuerpos se descomponen privados de la mínima dignidad merecida en forenses, fosas públicas y ¡hasta cajas de tráiler al sol!

• En ese mismo sentido, el número de Ministerios Públicos es tan bajo que aún si todos trabajaran buscando la excelencia y lo hicieran a tiempo completo, les tomaría 124 años tan sólo procesar las carpetas de investigación pendientes por homicidio… quién sabe cuántos siglos más tomarían las de otros delitos.

• Además, sin importar el presupuesto asignado a la Policía Militar, el 40% de las personas presas seguirán esperando sentencia. Actualmente, 242 mil personas están privadas de su libertad sin que medie investigación o juicio alguno que les declare culpables. En cambio, Elba Esther Gordillo, de quien resulta muy difícil presumir inocencia, se encuentra libre y disfrutando de la multimillonaria herencia que supuestamente le dejó su madre.

Ojalá la crisis mexicana fuese asunto de capacidad de fuego. Ojalá fuese asunto de mera corrupción y complicidad. Lo cierto es que es mucho más profundo y más desafiante: es un asunto de incapacidad institucional. Es un desafío que nos tomará un esfuerzo y voluntad más allá de poner tras la mira de un fusil a más generaciones de jóvenes necesitados de un empleo.

V. Los peligros de apostar todo al ejército.

Nadie pide el retiro inmediato de las fuerzas armadas de las plazas públicas. Hacerlo sería autodestructivo, pero también lo es garantizar su permanencia indefinida.

La reforma a la Constitución que se pretende abordar en próximos días afirma que la Guardia Nacional se disolverá cuando “se supere la crisis”, pero como se ya se ha explicado, eso nunca sucederá si se continúa la ruta propuesta por la propia reforma. El país necesita trabajar a sus instituciones, no reclutar más policías y soldados.

En lugar de destinar recursos a las fuerzas armadas para pedirles que hagan algo que no está en su naturaleza, deberíamos poner en el centro de la atención la mejora del poder judicial y de los procedimientos de reinserción social. No hacerlo así nos pone en camino a dos eventuales escenarios catastróficos: la disolución práctica del Estado de derecho o el golpe de Estado militar.

Escenario 1: la disolución práctica del Estado.

En el menos malo de los casos, continuar con esta fallida estrategia llevará al país a un desgaste cada vez mayor de sus instituciones, que se traducirá en una menor capacidad Estatal para controlar el territorio nacional.

En este escenario sería inevitable que más y más actores no gubernamentales se disputen el vacío político dejado por los gobiernos locales; cuyas fuerzas públicas están siendo vilipendiadas y olvidadas en la búsqueda de la creación de una imaginaria súper policía nacional.

Por su cuenta, el gobierno federal también será incapaz de retener estos espacios de poder pues su atención y recursos serán excesivamente fragmentados entre todos los problemas que hay a lo largo y ancho del territorio nacional.

Se tratará de un caldo de cultivo excelente para propiciar un mayor surgimiento de grupos de autodefensas, de milicias paramilitares y de mercenarios privados al servicio tanto de la población civil que “bienintencionadamente” busca protección, como de actores que quieren tomar el control de sus zonas geográficas.

Hablo de circunstancias que ya hemos visto ocurrir en Colombia, Venezuela y Brasil; y de la cual existen indicios suficientes como para aceptar su posibilidad en México.

Llegados a este punto, y luego de transcurrir una lenta ruta de violaciones y abusos por parte de delincuentes como de autoridades, terminaremos teniendo un peligroso cóctel de intereses, actores e intermediarios que ningún ejército, por muy poderoso que sea, podrá controlar, porque el equilibrio de fuerzas será muy frágil y resultará casi imposible llegar a acuerdos sostenibles entre los múltiples actores formales y fácticos de poder.

Escenario 2: el golpe de Estado militar.

Considero que no es exagerado teorizar sobre la posibilidad de que esta estrategia fallida nos lleve a un eventual golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas.

Tal vez como respuesta al escenario 1: en el que la situación cada vez empeora, se termine cayendo en la tentación de pretender una “mano dura” centralizada como falsa salida a la fragmentación. Pero mucho más probablemente el golpe sea resultado lógico de la cada vez mayor ocupación del espacio político por parte de militares.

Imaginemos que a base de recursos y mayores facultades legales, eventualmente se logra subordinar a los grupos criminales organizados y contener a los delincuentes ordinarios. ¿Qué pasará entonces por la mente de los militares de esa fecha? Luego de controlar tan grandes cantidades de presupuesto y de gozar de tan amplio control territorial y político ¿acaso existirá alguna otra agencia Estatal o actor social que pueda hacerles sombra?

En esta hipótesis ¿cuál sería la motivación para regresar a los cuarteles? Si como señaló Lord Acton: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente ¿podemos suponer que los militares son inmunes a la capacidad corruptora del mismo?

Pero también puede ocurrir que incluso antes de llegar a ese escenario ideal “libre de delincuentes”, el ejército encuentre otras formas más “suaves” de ejercer dominio sobre las autoridades civiles.

Recurro a Levitsky y Ziblatt cuando afirman que en la actualidad es difícil imaginar golpes de Estado en los que el ejército destruye el Palacio Nacional y asesina al presidente. Porque eso es sencillamente demasiado histriónico para el gusto de los mercados internacionales. En cambio, es mucho más factible una ocupación paulatina pero sostenida de funciones y facultades antes otorgadas a autoridades civiles; así como un deterioro discreto pero diligente de las instituciones que sirven como contrapesos, para lograr un aparato Estatal de artificio que se limita a fingir una pantalla democrática mientras que el verdadero control se concentra en los militares del futuro.

Dada la dependencia que se está generando hacia las fuerzas armadas, tampoco es descabellado teorizar sobre la capacidad de chantaje que podrían tener los mandos castrenses si condicionan su permanencia zonas altamente susceptibles ante la criminalidad. ¿Cómo garantizar la libre voluntad de los civiles electos en entidades que dependen de la participación militar para garantizar un mínimo piso de legalidad?

En conclusión: la crisis institucional que atraviesa el país empeorará si se sigue abusando de la fuerza policial o militar.

Menospreciar o rezagar el desarrollo de la totalidad de las instituciones nacionales para centrarse en las fuerzas armadas es un grave error que eventualmente nos cobrará una factura mucho más alta que el ya de por sí sangriento devenir que hemos sobrevivido los últimos quince años.

Es urgente apostar por el fortalecimiento del aparato Estatal en su conjunto. Recordemos que cuando se trata de poder no existen ni los santos ni los villanos, y por eso es fundamental construir pesos y contrapesos institucionales, así como rutas de legalidad que den a todos los habitantes del país un contexto en el que actuar correctamente no sea una decisión difícil.

Mientras tanto, en vísperas de una eventual reforma constitucional, te invito a unirte a la #AcciónUrgente que Amnistía Internacional ha lanzado en todo el mundo y escribir un correo a tus diputados federales exhortando tu preocupación por la posible aprobación de la Guardia Nacional.

Puedes consultar el directorio de congresistas en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php