Hace unos días, fuí a la fiesta de cumpleaños de Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México. Celebraba 30 años. Es decir, ya integraba el Comité Directivo como vocal y luego fue electa como su titular siendo jóven y eso es un hecho de relevancia dada situación de las juventudes en nuestro país.

Amnistía Internacional es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en materia de Defensa de Derechos Humanos. Tiene más de 7 millones de miembros, presencia en 150 países y una experiencia acumulada casi seis décadas. De manera que no es cosa menor la forma en que elige a sus liderazgos institucionales.

Para valorar el hecho, basta decir que en nuestro país sólo 2 de 32 entidades federativas son gobernadas por mujeres, lo que hace relevante que en Amnistía Internacional México tanto la Directora como la Presidenta de la sección son mujeres.

No obstante, si hablamos de juventud el mensaje es mucho más potente (incluso es contestatario) porque en nuestra sociedad la juventud es generalmente tratada como un accesorio.  Lo mismo en un comercial de crema antiarrugas como en un discurso político: el relato imperante se limita al abordaje estético y a la corrección política sin tomar en serio las capacidades y aspiraciones de este grupo social. Al punto de que incluso nuestra legislación limita artificialmente los alcances de la participación política de las personas jóvenes.

Por ejemplo, a pesar de que la Constitución Mexicana declara nuestro país como una República democrática, en los artículos: 55, 58 y 82 la Carta Magna contradice el concepto mismo de “República” al crear tres categorías de ciudadanía según la edad cumplida, según al cargo que se aspire. Es una situación que se asemeja a la injusticia que enfrentaron las sufragistas mexicanas: aunque desde 1947 ya se establecía la posibilidad de ejercer el voto (activo y pasivo) para elecciones municipales, no fue sino hasta 1953 que se reconoció a plenitud.

Actualmente, nuestro máximo ordenamiento jurídico textualmente afirma que la ciudadanía se alcanza a los 18 años (entre otros dos requisitos) para luego contradecirse y limitar la posibilidad de voto pasivo para diputados a 21 años, senadores a 25 y presidencia hasta la lejana cifra de 35 años. Restricciones similares se encuentran en ordenamientos estatales y municipales diversos. ¿Igualdad política? Claro, pero de distintos grados.

Ahora bien, aunque la restricción a las juventudes es indignante, no es de ninguna forma sorpresiva. Ya en la Constituyente de 1917 la composición del congreso hablaba de nuestra larga tradición adultocentrista. Ese congreso, establecido en un país con esperanza de vida media de 35 años, sólo contaba con 29 diputados menores de 30 (19%) y un increíble 12% de supervivientes legisladores mayores de 50 años (un récord para la época).

Desafortunadamente, un siglo después las cifras no han mejorado. En el México de 2019 el bono demográfico mantiene la edad media de la población en 27 años, pero la edad promedio de la 64° legislatura es de 51 años y el presidente de la Cámara de Diputados ya acumula 85 primaveras (Porfirio Muñoz Ledo). Tan sólo 52 diputados tienen 30 años o menos (el 10.4% del órgano legislativo).

Para otro ejercicio valdría la pena ver cuántos de esos 52 legisladores son hijos o sobrinos de políticos en activo. Es urgente reconocer y valorar a las juventudes no por sus apellidos o por corrección política, sino por sus talentos y esfuerzos.

No obstante, el problema no sólo radica en los órganos de gobierno. El adultocentrismo también es habitual en las organizaciones de la sociedad civil (OSC). A pesar del impulso que muchas de ellas hacen de las causas más progresistas del país, prestan poca atención a sus estructuras internas. Para muestra un botón algunas de las asociaciones más conocidas:

De 10 grandes organizaciones tomadas como muestra exploratoria (sin ningún valor estadístico), únicamente Amnistía tiene a una persona joven en su presidencia. De hecho, ni siquiera con un margen de cinco años, cambian los resultados. En contraste, el ejemplo más absurdo lo representa la Asociación de Scouts de México A.C. (ASMAC), asociación que pese a su naturaleza evidentemente juvenil (tanto por su objeto social como por la constitución demográfica de su membresía) tiene como Presidente a un varón de 70 años y unos estatutos que impiden que alguien menor de 30 años aspire a la Jefatura Scout Nacional (equivalente a la dirección ejecutiva en otras OSC). Tampoco permite que adultos menores de 25 de integrar parte de su Consejo Nacional (equivalente al Comité directivo). Es decir, hay menos barreras para ser Senador que para estar en la cúpula de la ASMAC.

De forma que, más allá de mi cargo como vocal menor de 30 e integrante del Comité Directivo de Amnistía Internacional, y hablando exclusivamente desde mi calidad de miembro, me enorgullece participar de una organización que está aprendido a ver el talento por sobre la edad de las personas. El camino aún es largo, pero confío en que pronto alejaremos a México de sus resabios medievales y sus prácticas estamentales y haremos de él una genuina República.