En el marco de la Cumbre virtual de Liderazgo Juvenil (19 de septiembre de 2020) valientes niñas y mujeres, adscritas al Clan Violeta, realizaron un tendedero de denuncias de acoso y abuso sexual en la oficina scout nacional (OSN) de la Asociación de Scouts de México A.C. (ASMAC). Sus acciones fueron la consecuencia lógica de un proceso social que se ha venido gestando desde hace años y ante el cual las autoridades de la Asociación han sido indolentes. En este texto reflexiono respecto a la coyuntura. Para hacerlo, primero realizo una breve cronología de lo sucedido durante la última semana. Posteriormente, otorgo contexto a lo ocurrido y finalizo con algunas sugerencias para el futuro de la asociación, ahora que se alcanzó este punto de crisis.

Breve cronología de lo sucedido

Tras la protesta, la oficina nacional se apresuró a cumplir con su conocido manual de gestión de crisis: (1) limpió a toda marcha el tendedero y borró lo mejor que pudo cualquier evidencia de protesta; (2) reunió de urgencia al Consejo Nacional; (3) solicitó a las presidencias de provincia “cuidar la imagen institucional”; y (4) publicó en Facebook un comunicado retacado de buenas intenciones y autocomplacencia. Luego, durante la clausura de la cumbre, el presidente scout nacional, Francisco Macías Valadez, ratificó otra vez su “apertura al diálogo” y su supuesto “compromiso con los derechos humanos”.

Nada de esto hubiese sido novedoso en su historia de casi cuatro años de palabras lindas, pero vacías de acciones y contenido, de no ser porque vimos al jefe scout nacional, Pedro Díaz Maya, gemiquear ante cámara mientras su patrón hablaba. Al respecto de este espectáculo recupero la elocuencia del Colectivo Scout Feminista: Aventureras Violetas: “Señor, no llore. Póngase a trabajar para que las verdaderas VÍCTIMAS de estos abusos no lloren por su ineficiencia al dejar los casos guardaditos en un cajón.”

Durante los siguientes días a la protesta, algunos medios de comunicación recuperaron la noticia y las redes sociales escultistas se centraron en el debate sobre el tema con posturas diversas tanto a favor como en contra de la protesta. En ese contexto, el jueves 24 de septiembre Pedro Díaz emitió un comunicado en el que aceptaba mantener una “sesión de diálogo” entre cinco representantes de la OSN y cinco del Clan Violeta. Dicha reunión se hará vía zoom y se conversará “punto por punto” el pliego petitorio. Al momento de escribir no se conoce la fecha en que se realizará la sesión.

 

Contexto: No hay justicia sin responsabilidad.

El Movimiento Scout tiene un siglo de historia. La ASMAC cumple 94 años de vida y cuenta con una membrecía activa de 32,985 infantes y jóvenes, así como de 11,347 adultos. Evidentemente, las denuncias de abuso y acoso sexual significan un porcentaje menor de la totalidad de la membrecía. En general, el movimiento es un lugar seguro. No obstante, no por ser “pocas” denuncias (en términos relativos) dejan de ser de la mayor importancia. Sí, el movimiento casi siempre es un entorno de desarrollo personal y enseñanza de buena ciudadanía, pero muy lamentablemente hubo y hay personas cuyas vidas han sido marcadas negativamente al interior de la organización. Ante esta realidad hay que ser muy claros: negar la existencia o menospreciar la importancia de estas víctimas sólo porque a muchas personas el movimiento nos ha tratado bien, sería hipócrita y egoísta. Ante los pueriles defensores de la “imagen institucional” la respuesta es sencilla: un caso, tan sólo un caso, es demasiados casos y los responsables deben ser castigados.

Sin embargo, es prudente preguntarnos con seriedad: ¿Quiénes son los responsables? Desde luego, son responsables quienes violentan y agreden, pero hay que ser sinceros y reconocer que también somos responsables todas las personas que permitimos, con nuestra omisión o inclusive con nuestra complicidad, que la ASMAC viviera sus primeros 92 años de existencia sin siquiera pronunciarse sobre la violencia sexual en su filas. Somos responsables quienes dejamos que los dos últimos años la asociación desperdiciara tiempo en acciones tibias como la Política Nacional de Seguridad y Protección Juvenil 2018, o de plano en burdas improvisaciones como la plataforma CONECTA (2020). Así, la protesta realizada por las Aventureras Violetas nos apremia a mirar al espejo con ojos críticos.

En ese sentido, nos hace falta hablar de la responsabilidad específica de quienes teniendo cargos elevados y de poder en la organización y no han hecho lo suficiente. Nos hace falta hablar, por ejemplo, de Francisco Macías, Federico Ortiz, Pedro Díaz, Víctor Acuña, Juan José Méndez, Mario García y Brenda López, quienes recibieron, en junio de 2018, una carta escrita por la madre de una víctima en la que les compartió la denuncia formal que había presentado ante el Ministerio Público en contra de Daniel D. por presuntamente agredir sexualmente a su hija menor de edad. En la misiva les pedía dar de baja al entonces director de operación y logística, compadre del jefe scout nacional y uno de los promotores de la candidatura que llevó a Francisco Macías al cargo de presidente. Ninguno de los destinatarios respondió a la carta ni movió un dedo para si quiera suspender del cargo al acusado.

De manera similar, también es plausible señalar la parte de responsabilidad que le toca a Ángel Martínez, Ricardo Ramírez y Ramón López; quienes fueron aleccionados en enero de 2019 sobre cómo proceder de forma integral, institucional y transformativa frente al desafío de la violencia de género por consultoras expertas y con experiencia en el tema y aun así no atendieron correctamente el problema. Recordemos que CONECTA surgió un año después de la reunión que tuvimos con expertas y en evidente respuesta a la amenaza de protestas que había para el EEAS de marzo 2020. Desde mi perspectiva, si una persona experta te explica a detalle cómo evitar que más personas sufran en nuestras filas y no haces caso, o estás traicionando al sentido común o a la membrecía. ¿Cuál es la traición de Ángel, Ricardo y Ramón?

En los pocos meses de existencia de CONECTA múltiples denuncias públicas que se han hecho en redes sociales sobre el fracaso de esta plataforma improvisada para gestionar las denuncias. Uno de los casos más sonados fue el de Gabriela U. quien denunció a Fernando G. por acoso ante las autoridades scouts de la provincia Chihuahua Norte y el Jefe Scout Nacional el 11 de marzo de 2020. Ninguno respondió hasta que fue liberada la plataforma CONECTA y le pidieron que remitiera ahí su denuncia. Así lo hizo, adjudicando evidencia documental del acoso. Semanas después le convocaron a una reunión en zoom para tratar su caso. Para su sorpresa, esa junta fue para resolver la acusación que ahora había en su contra por “difamación”. El día 02 de julio el vicepresidente administrativo y de gestión de Chihuahua Norte le notificó que sería suspendida de la asociación. Su presunto agresor sigue activo en el movimiento.

Durante la última semana, muchas voces se han manifestado en contra de “mancillar la estatua del fundador”, otras han afirmado sin evidencia que la protesta no sirve de nada. Por favor, recuérdenles que ya limpiaron la estatua y que no fue, sino hasta que la madre divulgó la carta y se suscitaron múltiples protestas en redes sociales, que la oficina scout nacional suspendió temporalmente al presunto agresor de su hija. Antes de eso, el camino institucional, las vías formales y discretas, sólo sirvieron para que el acusado siguiera cobrando un sueldo pagado con las cuotas de la membrecía, mientras que las víctimas se quedaban sin recibir ni siquiera un: “recibido” a su solicitud. La próxima vez que alguien quiera jugar a paladín de los procedimientos, por favor háganle saber el caso de Gabriela. La protesta del Clan Violeta no surgió espontáneamente, sino que es el resultado evidente de la frustración acumulada durante años.

Finalmente, llamo la atención aquí: nadie niega que en la oficina nacional están “abiertos al diálogo”. Tampoco se niega que han hecho “cosas” en la materia. Incluso reconocemos la buena disposición de Ángel Martínez, que hasta se ha comunicado con críticos duros como el perfil Memes BP – Bien Perrones para “sumar esfuerzos”, pero ante la cortedad de sus acciones es legítimo intuir que una de dos: o a la mesa de conversaciones no llevan el compromiso de hacer algo con las palabras que se expresan en ella, o sencillamente son incapaces de entender la realidad que enfrentan. Dado que devengan un salario por lo que hacen, más bien me inclino a pensar que el constante “llamado al diálogo” de la Oficina Nacional (siempre en respuesta a protestas) es más una táctica de administración del conflicto y no un honesto deseo de mejorar a la organización. Sin embargo, confío en que la capacidad de movilización y de protesta que tiene el Clan Violeta revertirá esta tendencia y obligará a la OSN a cumplir sus compromisos con la membrecía o a dejar paso a personas que sí puedan dimensionar el problema y su solución.

 

El futuro: No hay justicia sin transformación estructural

La colectiva Clan Violeta, autora de las protestas que nos ocupan, presentó un pliego petitorio cuyos principales puntos recupero líneas más adelante, con el objetivo de abonar a la reflexión pública sobre cómo atender sus peticiones y siempre reconociendo mis propias limitaciones en la materia.

El pliego es el primer paso para construir un Escultismo verdaderamente igualitario y debe ser atendido con la mayor pulcritud conceptual, técnica y ética posible. Es fundamental reconocer el verdadero alcance de las capacidades y las limitaciones del talento interno de la organización en la materia. Quizá CONECTA tenía buenas intenciones, pero claramente carecía del nivel teórico y cognitivo que demanda la situación. No olvidemos que el acoso y abuso sexual en el movimiento presentan tres características que hacen más complejo el problema:

• La violencia no es exclusivamente heterosexual, ni tampoco es franquicia de los adultos hacia los jóvenes; también ocurre entre pares.
• La naturaleza jurídica de la Asociación limita el abanico de posibilidades punitivas. La ASMAC no es una instancia judicial y no debe pretender sustituir la labor de investigación de las instancias de peritaje científico del poder judicial. El principal problema de CONECTA es que puso a personas sin autoridad ni capacidad técnica a hacer averiguaciones que competen al ministerio público.
• La violencia sexual es sólo una de las expresiones más graves de la violencia de género, pero regularmente es antecedida por diversas violencias más o menos explicitas y muchas de las cuales están normalizadas en la cultura organizacional de la ASMAC. Por ejemplo, desde hace años diversas personas hemos señalado el rezago que hay en materia de liderazgos femeninos en el movimiento (por ejemplo, sólo el 24% de las provincias son dirigidas por una mujer) y la reproducción de roles arcaicos en función del género al momento de asignar funciones y responsabilidades al interior de los grupos. Sobre el tema escribí en 2013: “La cuestión de género en la ASMAC”. También recomiendo el texto de Efraím Acosta de 2016: “5 publicaciones sobre género en el escultismo”.

De tal forma que atender la arista punitiva de la violencia de género es urgente y fundamental, pero debe ser parte de un plan integral que contemple acciones profundas, sistemáticas y ambiciosas que busquen cambios estructurales y culturales al interior de la asociación y a favor de la igualdad de género y la garantía de los Derechos Humanos.

Por ello, es preocupante que ya hay personas que están tratando de aprovecharse de los reflectores para impulsar su carrera política en la organización o para alimentar su ego personal, pero que carecen de trayectoria para aportar valor a la solución del problema. Considero que sería buena idea que a la mesa de diálogo con el Clan Violeta se inviten voces verdaderamente expertas, con historia y prestigio en la materia que nos ocupa y que sean neutrales respecto a la dimensión política al interior de la asociación. Sugiero buscar la asesoría de organizaciones de la sociedad civil que cumplan con estas características, por ejemplo: el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Amnistía Internacional o el Grupo de información en reproducción elegida (GIRE).

Dicho lo anterior, a continuación, comparto mis humildes reflexiones respecto al pliego petitorio.

Punto 1: “Capacitación y certificación a nivel institucional en materia de perspectiva de género” y punto 5: “Creación de una campaña nacional anual para la prevención y denuncia de violencia de género en niños y jóvenes, que conste de impartir un taller de capacitación a todas las secciones de todos los grupos scouts del país”

La capacitación en perspectiva de género debe ser impartida a todos los niveles, pero no sólo a manera de talleres anuales, sino como constante de la formación. Contrario a lo que algunas personas piensan: la solución no está en separar tajantemente a hombres y mujeres o a adultos y menores de edad. La solución es reaprender y reeducar las formas como ocurren las interacciones entre estos grupos para erradicar las violencias explícitas y simbólicas. De tal forma que se debe revisar de forma activa y crítica cómo el programa educativo, la estructura de liderazgos y las normativas actuales contribuyen o no a la reproducción de masculinidades tradicionales y roles sexistas. A partir de esto se deberán para plantear cambios estructurales y transversales a todas las secciones y niveles.

Punto 3: “Reformar el protocolo de aceptación y evaluación para Scouters y asesores externos”

Hasta ahora, el paradigma de perseguir el máximo crecimiento por el crecimiento mismo (visión 2023: tener más de cien mil jóvenes), nos ha llevado a aceptar a prácticamente cualquier persona sin siquiera tener idea de sus capacidades profesionales y psicoafectivas para ser responsable de infantes y jóvenes. Así mismo, se mantiene la vigencia de voluntarios independientemente de sus resultados o del valor que aportan (o restan) al movimiento. Para muestra, basta ver la cantidad de grupos scouts convertidos en patrimonios familiares o la poca renovación generacional en las presidencias de provincia.

Por eso es sumamente pertinente desarrollar perfiles explícitos (en función del cargo) y procesos claros y específicos para ingresar y permanecer como voluntario adulto en el movimiento (incluyendo tiempos máximos). No obstante, esta es una discusión compleja que debe partir de una consulta amplia y alejarse de prejuicios. Por ejemplo, la única cosa criticable del pliego es la solicitud de antecedentes no penales (punto 3.d) para ingresar como Scouter o dirigente al movimiento. Esta restricción es un acto de discriminación que niega la posibilidad de reinserción social de personas que han satisfecho la pena que la sociedad y la ley les impuso. De hecho, ya en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en contra de este requisito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional negar el empleo por tener antecedentes penales.

Punto 2: “Revisión del discurso re-victimizante planteado dentro del programa CONECTA y reestructuración del mismo con la asesoría de expertos en perspectiva de género” y punto 4: “Ofrecer acompañamiento legal y psicológico a víctimas de violencia sexual, ejercida por miembros del movimiento y/o dentro de actividades scout”

CONECTA puede mejorar, pero siempre estará mal porque de origen su planteamiento es incorrecto. Como mencioné líneas arriba, al arrojar a integrantes del movimiento la responsabilidad de definir si una persona es o no culpable de un delito sexual sólo se ha malgastado la energía y el tiempo de los denunciantes, generado frustración y revictimización y, en general, violentado las garantías tanto de víctimas como de personas acusadas. No importa qué tanto se mejore el sitio web de CONECTA, siempre será un absurdo dar la categoría de ministerio público a una presidencia de provincia o a una jefatura de grupo, porque demostrar la comisión de un delito es muy difícil y sólo corresponde a las autoridades judiciales hacerlo en apego a los procedimientos científicos y legales correspondientes. Aún más allá, el artículo 209 del Código Penal Federal exige que las personas adscritas a cualquier organización particular, que tengan conocimiento de un delito, lo denuncien inmediatamente a las autoridades competentes. En sus pocos meses de vida CONECTA ha puesto a integrantes de la organización a malgastar el tiempo de las víctimas en beneficio de los victimarios y en probable violación de la ley.

Entonces, ante la limitación insalvable de la Asociación para arrojarse facultades de investigación, la respuesta es evidente: siempre debe velar por la integridad de su membrecía, por lo que debe creer de antemano en la palabra de la víctima y reducir su participación inicial a valorar si los actos denunciados podrían (subrayo el condicional) constituir un delito o no. En función de la respuesta, la Asociación deberá proceder de una u otra forma, pero siempre en beneficio de la víctima.

La expulsión de la persona denunciada podría sujetarse a la resolución de la autoridad judicial cuando esto corresponda. Pero en todos los casos siempre se deben dar garantías a las víctimas, por lo que la suspensión temporal del presunto agresor debe ser prácticamente automática.

De la misma forma, el proceso de acompañamiento psicoemocional, y en su caso también el jurídico, debe diseñarse considerando la naturaleza del acto denunciado y también la condición de las partes involucradas. Insisto: la violencia sexual no sólo la ejercen adultos a jóvenes o infantes, sino que también se presenta entre pares. Así que se debe distinguir entre el acompañamiento para solventar los procesos punitivos y el acompañamiento que debe inscribirse en el marco de procesos educativos y de formación del carácter para violencias ejercidas, por ejemplo, de infantes hacia infantes.

Así mismo, se debe aceptar la incapacidad técnica de la ASMAC para proveer acompañamiento psicoafectivo o jurídico a su membresía. Sencillamente hoy por hoy no se tiene esa capacidad. ¡Al punto que la oficina nacional creó la tontería de CONECTA! Tal vez es posible construir capacidad organizacional para esto, pero hacerlo requiere una discusión específica sobre cómo proceder y cómo financiar eso. Mientras tanto, lo más urgente es encontrar alianzas estratégicas para dar a la membrecía estos servicios con calidad, gratuidad y oportunidad.

Para determinar la naturaleza de las denuncias presentadas y ordenar las acciones conducentes se podrían formar comisiones regionales, que no estén vinculadas con las presidencias de provincia, integradas por tres personas expertas, con solvencia moral y técnica que recibirían las denuncias directamente y, con apego a altos estándares de protección de datos de particulares, sencillamente se limitarían a acompañar y auxiliar a las víctimas sin juzgar la veracidad de sus denuncias. La comisión se podría renovar de forma escalonada en lapsos de tres años y debería informar trimestralmente sobre los procesos de denuncia que atendió, otorgando un folio único a cada denuncia para poder hacer seguimiento de ella y construir estadística.

En cualquier caso, la discusión en el movimiento debería dedicar la mayor parte de su tiempo a encontrar las soluciones estructurales a las violencias que padecemos y no tanto a inventar un proceso cuasi jurisdiccional interno. Desde espacio manifiesto todo mi apoyo al Clan Violeta y mi profundo deseo de que el ímpetu que han impregnado en el movimiento logre los cambios que tan urgentemente necesitamos.

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