Intervención que realicé en la instalación del Consejo Distrital 03 en el Ciudad de México el 16 de diciembre de 2024, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025:

Muy buenos días ciudadanía que nos acompaña, consejeras y consejeros distritales, así como funcionarias y funcionarios electorales.

Hoy nos convoca un hecho inédito en la vida pública del país: el inicio de los trabajos para organizar la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia de México. La reforma constitucional que da pie a esta próxima elección constituye una modificación profunda de las reglas que rigen el acceso y ejercicio del poder. Es una reformulación significativa al sistema político y de sus resultados se derivará el futuro de nuestro país. Es también una elección a la cual acudimos sin apenas referentes, ningún país en el mundo somete la totalidad de su Poder Judicial al voto popular.

En otros lugares, las experiencias son parciales. Por ejemplo, en Estados Unidos, solo 43 estados eligen a sus jueces locales; en Japón, no se eligen pero se ratifican por mandato popular únicamente a los ministros, y en Bolivia se vota por magistrados y ministros con resultados hasta ahora bastante limitados.

Ayer mismo, la ciudadanía boliviana participó en su tercera elección judicial. Aunque aún no contamos con cifras oficiales, la prensa reporta alta abstención y se prevé repetir tendencias como las de 2011, cuando el 57% de la población anuló su voto, y las de 2017, con un 65% de votos nulos. En los próximos días sabremos las cifras exactas de este año, pero resulta evidente que la experiencia boliviana se encamina al fracaso.

De forma que en México se adentra ahora en un experimento que el mundo entero seguirá de cerca. La próxima elección de jueces, magistrados y ministros plantea enormes retos y expectativas, pues pone a prueba la capacidad de nuestras instituciones y desafía nuestra madurez democrática.

Desde la presentación del “Plan C” de reforma judicial de febrero pasado, que retomaba esfuerzos fallidos en los llamados “Planes A y B”, hasta el estallido de huelgas por parte del gremio judicial en agosto, el camino hasta este momento ha estado marcado por tensiones políticas sin precedentes.

La técnica legislativa, hay que decirlo, ha sido vergonzosa, con la aprobación de un texto que presenta errores elementales, contradicciones evidentes y omisiones graves. Sin embargo, este marco normativo, producto de una mayoría legal en el Congreso, es hoy vinculante. Para bien o para mal, el proceso está en marcha y no hay vuelta atrás.

Permítanme, en este punto, hacer un símil histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió un intenso debate entre quienes buscaban evitar la confrontación con Estados Unidos y quienes, impulsados por un nacionalismo expansionista, exigían la guerra. Prevaleció la segunda visión, llevando al país a una derrota catastrófica. Un destino que ahora nos resulta evidente, pero que en ese momento era motivo de polémica.

Entre las voces en contra, estaba la del almirante Isoroku Yamamoto, quien advirtió del error que supondría atacar a Estados Unidos. Sin embargo, como miembro de la Armada, tuvo que acatar las órdenes y puso todo su talento en cumplir con su deber de la mejor manera posible. Con gran habilidad, planeó y ejecutó el ataque a Pearl Harbor, concediendo a Japón el dominio del océano por doce meses. Pero la realidad empírica se impuso a la narrativa gubernamental: sencillamente, Estados Unidos ya era una potencia industrial a la que Japón no podía vencer. Pese a todo, Yamamoto hizo todo lo que estuvo a su alcance para llevar a su país al mejor destino posible, incluso en medio de circunstancias adversas.

Nos encontramos en un panorama de gran incertidumbre, consecuencia de la irresponsabilidad de diversos actores políticos que impulsaron una profunda reforma sin meditar sus consecuencias ni reflexionar sobre los argumentos causales de una transformación que trastoca la justicia y al sistema político. Así lo evidencian las carencias del texto constitucional; la falta de presupuesto y tiempo suficientes para llevar a cabo una elección tan compleja, y la declaración oficial que, en noviembre pasado, realizó en representación del Estado mexicano el consejero jurídico de la presidencia, José Antonio Montero Solano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ante pregunta expresa respondió: “No existe un diagnóstico sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial.” Tocará a la historia juzgar esta irresponsabilidad política.

En 1941, Yamamoto pronunció una célebre frase: “Podremos correr desenfrenados durante seis meses o un año, pero después de eso no tengo ninguna certeza.” Yamamoto entendía su papel en la historia. A nosotros nos corresponde entender el nuestro.

Ante leyes imperfectas y recursos limitados, nuestro deber no es calificar el escenario impuesto, sino ofrecer lo mejor de nuestras capacidades para garantizar la legitimidad y certeza de un proceso que, más allá de posturas políticas, debe salvaguardar la esencia de la función electoral: otorgar certidumbre a la voluntad ciudadana.

Colegas consejeras y consejeros, funcionarias y funcionarios electorales: el desafío que enfrentamos es inédito. Respondamos a la improvisación con profesionalismo, a la incertidumbre con claridad, y a la desconfianza con rigor y transparencia.

Frente a la irresponsabilidad política que no ve más allá de seis meses, nuestra obligación es anteponer la seriedad y la formalidad que caracterizan al Instituto Nacional Electoral. Ante quienes sólo piensan en la próxima elección, opongamos la experiencia de más de 30 años de trabajo continuo.

El INE es una de las instituciones más sólidas, transparentes y eficientes del país. Cada una de sus áreas funciona con la precisión de un reloj suizo, cuenta con personal profesional, procedimientos claros, métricas definidas y resultados comprobables. Aunque, como toda obra humana es imperfecta, es indudable que representa un ejemplo de buena administración pública, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En esta coyuntura única, la misión que emprendemos exige nuestra máxima atención y entrega. Debemos ser el puente que permita al país mantener y fortalecer la capacidad institucional construida en el último medio siglo. Nuestra tarea es proteger los valores que nos definen: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Que la ciudadanía tenga la certeza de que, si desea ejercer su sufragio en junio próximo, su voto se contará de manera íntegra y transparente. Que sepa que en México aún existen instituciones sólidas y que los aprendizajes de este experimento podrán encauzar un mejor futuro para todas y todos si los usamos con responsabilidad.

Confío en que honraremos la misión que la nación nos ha encomendado.

Es cuánto.