En los días previos a cualquier elección aparecen voces que incentivan la incredulidad hacia el proceso electoral acusando “fraudes” o “manipulación” y llamando a no votar o a anular el voto. Sostengo que esa posición, aunque comprensible es sesgada. Por ello, en este texto deseo recordar brevemente cómo llegamos al sistema electoral actual con el objetivo de dar más confianza respecto a que, por lo menos en la elección federal, el voto cuenta y que se cuenta bien.

En México, es imposible ir a las urnas sin recordar los fantasmas del pasado: la campaña de López Portillo como candidato único que, de antemano ya había sido señalado como el ganador, por el flamígero dedo presidencial. También está la cínica caída del sistema orquestada por Manuel Bartlett en 1988 y el mito del fraude electoral durante el empate técnico de 2006.

Pero lo cierto es que fueron estos y otros eventos traumáticos los que gradualmente nos han llevado, por no decir obligado, a desarrollar uno de los sistemas electorales más sólidos del planeta. Curiosamente, también son las cicatrices del pasado las que nos mantienen como uno de los sistemas electorales más cuestionados del mundo. Lo cual, lejos de establecer una paradoja, nos habla de una dinámica social que se retroalimenta: ¿Será que somos el sistema más seguro porque, al mismo tiempo, somos el sistema del que más se desconfía?

Desde mi perspectiva, hay tres momentos clave para entender el entramado institucional que hoy nos convoca a esta mesa y sobre el cual se desarrolla el actual proceso electoral: 1977, 1994 y 2006. Vamos por partes y un paso a la vez.

1977

Esta historia empieza a finales de la turbulenta década de 1970. En ese entonces, “El Excelsior”, uno de los pocos medios críticos, fue capturado y silenciado por el presidente. Tanto en la plaza de las tres culturas como en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, seguía fresca la sangre que el ejército mexicano arrebato a los estudiantes. Diversos movimientos guerrilleros operaban en el país, entre ellos la Liga Comunista 23 de septiembre, responsable de abrir una grieta entre los sectores sociales y el empresariado mexicano con el asesinato de un octogenario Eugenio Garza Sada, fundador del TEC de Monterrey. Y si esto no fuese suficiente martirio, el país también enfrentaba una recesión económica.

En el ocaso del sexenio de Luis Echeverría (criminal, agente de la CIA y presidente, en ese orden) ya era evidente que el pacto social se estaba derrumbando. A pesar de ello, aún era la época en la que si el presidente preguntaba: “¿Qué hora es?” Un séquito de esbirros se apresuraba a responder: “La hora que usted mande Sr. Presidente”. Quizá por ello, Echeverría continuó con la tradición de su partido instruyendo al dirigente obrero Fidel Velázquez el “destape” de José López Portillo como candidato presidencial.

Sin embargo, 1976, año de la elección, fue distinto a otros. El Partido Acción Nacional (PAN) no se presentó a la contienda y la candidatura del Partido Comunista, Valentín Campa, fue declarada ilegal, por lo que la boleta presidencial sólo tuvo un nombre impreso en ella:  José López Portillo. Nunca había sido tan evidente que en el régimen de partido hegemónico, los comicios para nombrar al nuevo ejecutivo eran un mero trámite.

El sentido común dicta que si la olla de presión silva, hay que aminorar el fuego y eso hizo López Portillo. En su toma de posesión ofreció una reforma política con el objetivo de evitar un estallamiento social generalizado. Tras varios meses de discusiones y negociaciones con los partidos de oposición, en diciembre de 1997, la reforma política se materializó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), junto con un paquete de 17 reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución.

La creación de la LOPPE significó el reconocimiento de las fuerzas políticas proscritas de la competencia formal y se considera el inicio de la transición democrática. Gracias a este nuevo marco legal, se apertura el sistema de partidos y la participación de éstos en el Congreso.

Entre otras cosas, también se introdujo la representación proporcional en el poder legislativo, incrementado el número de diputados a 400. Divididos éstos en 300 uninominales y 100 nuevos plurinominales. Lo cual permitió la incorporación de nuevos actores políticos. Entre ellos, el propio Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

La reforma probó su valía tan sólo dos años después, en la elección intermedia. Aunque sólo participó el 59% del electorado, el PRI perdió la mayoría absoluta en la cámara. Al oficialismo correspondieron 296 diputados; al PAN 43; al PCM 18; el PPS 11 y a las otras fuerzas los 32 diputados restantes. La Cámara de Diputados dejo de ser el testaferro indiscutible del presidente. En esa LI legislatura se escucharon por primera vez debates y discusiones reales. El pluralismo político mexicano empezó un largo camino marcado por múltiples reformas legales que fueron restringiendo la participación del gobierno en los procesos electorales y abriendo paso a la oposición.

Sería muy laborioso recorrer cada reforma electoral, así que antes de avanzar hacia nuestro segundo hito histórico sólo quiero mencionar que, en 1987, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral como una entidad autónoma encargada de resolver las controversias electorales y de garantizar la imparcialidad y legalidad de los procesos electorales en el país. Fundamental darse cuenta del cambio. Pasamos de un país donde era evidente e incuestionable quién iba a ganar la elección, a uno en el que era necesaria la mediación judicial para resolver las polémicas electorales.

1994-1996

El segundo capitulo de esta historia ocurrió entre 1994 y 1996. Los finales de los noventa fueron de los años más complicados del pasado reciente del país y también un constante recordatorio que la historia no se repite, pero vaya que sí hace rimas.

En 1994 finalizó el sexenio de Salinas de Gortari, asesino y presidente que llegó al poder mediante un fraude electoral orquestado en 1988 por el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien simultáneamente dirigía la Comisión Federal Electoral (CFE) y quien ahora se desempeña -mire usted la coincidencia- como director general de la Comisión Federal de Electricidad (también, CFE).

Al escándalo del fraude, el gobierno respondió sustituyendo la CFE vigente desde 1951 con el Instituto Federal Electoral (IFE) en octubre de 1990. Sin embargo, este incipiente IFE se mantuvo bajo control de la Secretaría de Gobernación al tener como presidente del Consejo General a… mire usted otra coincidencia… al también asesino y represor político, Fernando Gutiérrez Barrios. Conocido por su destacada participación como titular de la Dirección Federal de Seguridad durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.

En mayo de 1993, sicarios del cartel de Arellano Félix asesinaron al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Cronológicamente, a la muerte de este liderazgo de la iglesia católica siguió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Que el 1 de enero de 1994, convocó a derrocar al Estado mexicano a través de una insurrección armada. Se rompía así un pacto tácito de las “izquierdas” respecto a buscar el cambio mediante las urnas, pues recordemos que unos pocos años antes, el Partido Mexicano Socialista (PMS) donó su registro como partido a la Corriente Democrática encabezada por Cuahtémoc Cárdenas para fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El día del levantamiento coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El contraste no pudo ser más profundo entre el México que aspiraba a integrarse en los mercados globales y la “modernidad” y las protestas contra los abusos históricos a las comunidades indígenas, así como los crecientes enfrentamientos entre organizaciones criminales cada vez más peligrosas.

La lluvia cayó sobre mojado. En marzo de ese año fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Con plomo se derrumbó la certeza del “dedazo presidencial”. La incertidumbre no podía ser peor. El pacto social volvía a estar a nada del fracaso.

En esa vorágine, los principales partidos políticos y el gobierno, se comprometieron a asegurar la credibilidad de las cercanas elecciones. Fue la primera reforma electoral que se hizo con el consenso de todas las fuerzas.  En abril de 1994 se cumplió el segundo capitulo de esta historia.

Ese año se reintegró el Consejo General y los Consejos locales y distritales del IFE con seis consejeros ciudadanos independientes del gobierno y elegidos mediante la votación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la presidencia del mismo se mantuvo en el Secretario de Gobernación.

No obstante, la nueva integración del Consejo tomó medidas adicionales a la reforma legal:

1. Lo primero, removieron a decenas de funcionarios electorales que habían sido señalados como partidarios del régimen.
2. También aperturaron el Registro Federal de Electorales para el escrutinio de los partidos y para una auditoría realizada por científicos calificados.
3. Instauraron el uso de la tinta indeleble que a la fecha utilizamos.
4. Modificaron el diseño de las casillas electorales para garantizar la secrecía del voto.
5. Permitieron la presencia de observadores electorales tanto nacionales como extranjeros.
6. Generaron la doble insaculación que todavía está vigente para seleccionar por medio de la suerte a los funcionarios de mesa directiva de casilla.
7. Realizaron el primer debate televisado entre contendientes a la presidencia.

La mayoría de estas medidas “adicionales” se harían ley en 1996. Los resultados de esta nueva integración del INE, con presencia de ciudadanía independiente en todos los niveles de decisión fue notable. En la elección de agosto de 1994 participó el 78% del listado nominal. En comparación, en 1988 votaron sólo 19.1 millones de personas, mientras que en 1994 lo hicieron 35.5 millones. Si bien, el PRI ganó la elección presidencial, en el Senado su control cayó del 98% de las curules al 74%. En la Cámara de Diputados el tricolor perdió 20 escaños.

En otra rima de la historia, en su toma de posesión, el presidente Ernesto Zedillo prometió profundizar la reforma político-electoral de ese año. En 1996 y tras varias mesas de negociaciones se recuperaron muchas de las medidas adoptadas por el Consejo y, algo muy importante, se quitó al Secretario de Gobernación del Consejo General del IFE. La elección del año 2000, la primera con alternancia fue organizada por un Instituto Electoral 100% ciudadano. Nunca en la historia del país una votación había estado fuera de las manos del gobierno.

Para el conocido politólogo Adam Przeworski la democracia es un lugar donde existen votaciones libres, instituciones imparciales, y los “partidos ganan y pierden elecciones”. A la postre, la reforma de 1994 le ha permitido a México cinco elecciones competitivas a lo largo de un cuarto de siglo. Al punto que Becerra, Salazar y Woldenberg rescataron en “La mecánica del cambio político en México” una publicación que realizó el diario suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) el 4 de julio de 2000:

 “Las calles mexicanas amanecieron en calma y en paz, con una tranquilidad más propia de una vieja democracia occidental que de una jornada que trajo a la democracia misma.

Hay algo de magia en todo esto. Pasaron de la dictadura perfecta -tal y como caracterizó a México el escritor Vargas Llosa- a una democracia ejemplar”.

Todo muy idílico, pero lo cierto es que detrás de cada truco de magia hay un andamiaje que pasa desapercibido para el espectador. La novicia democracia mexicana llegó al 2006 en un escenario de muy alta competitividad. Algo que no se ha vuelto a ver. Los hilos se tensaron, se enredaron y la elección terminó siendo fuertemente cuestionada.

2007

En esa elección el Partido Acción Nacional recurrió al uso de intensivo de los medios de comunicación para atacar a su contrincante. En otra rima de la historia, desde el poder presidencial, Vicente Fox maniobró para debilitar al candidato opositor y favorecer al propio. Aunque eso sí, la intervención del guanajuatense no tiene comparación con la que ahora realiza López Obrador, quien ya fue sujeto de 30 medidas cautelares por parte del INE.

Durante la campaña de 2006 las preferencias electorales se movieron lenta pero constantemente hacia el intersección y la noche del 2 de julio el resultado era tan cerrado que el presidente del INE, Carlos Ugalde, tuvo que anunciar en televisión nacional que se rebasaba el margen de error del Conteo Rápido (la predicción estadística de la votación) y por lo tanto, había que esperar al Cómputo distrital (el conteo definitivo de votos) para conocer al ganador.

Fue hasta el jueves 6 de julio que el Cómputo Distrital arrojó una diferencia de apenas 0.62% entre Felipe Calderón y López Obrador. La crisis postelectoral que se desencadenó es ampliamente conocida. Llegando incluso a la “instauración” de un gabinete “legítimo” que llamó a la resistencia civil y al pago de impuestos ya no al Sistema de Administración Tributaria sino al “gobierno de resistencia”.

Afortunadamente, a diferencia de otras naciones que han tenido gobiernos paralelos autodeclarados, este esfuerzo no se desarrolló en confrontación abierta y el conflicto terminó apaciguándose por su propio peso. Sin embargo la lección fue clara: Hasta ese momento la transición democrática se había centrado en lograr la competitividad en urnas, pero al obtenerla no supo cómo procesarla.

El margen de erro del conteo rápido es de 1.5 puntos porcentuales. Por debajo de esa cifra es inexacto. ¿De cuánto es el margen de un cómputo distrital? Nadie lo sabe. Quizá la elección de 2006 fue un empate técnico. Quizá por eso pensadores como Sergio Aguayo o Antonio Crespo centraron sus críticas no ya en el Instituto Electoral sino en el Tribunal Electoral, que no dio cause legal a la altura de las críticas que se hicieron de los resultados en urnas.

Derivado de esta crisis, en septiembre de 2007, se realizó la reforma electoral que compone el tercer capitulo de esta historia. En ella se creó el Modelo de Comunicación Política, que reguló fuertemente el acceso a los medios de comunicación y acotó la participación de la sociedad en la emisión de opiniones y mensajes proselitistas. Se creó la Unidad Técnica de Fiscalización y también se establecieron reglas para gestionar la alta competitividad, por ejemplo, mediante la posibilidad de un recuento total de los votos y la creación del Procedimiento Especial Sancionador (PES), un recurso más ágil para atender las denuncias de los contendientes durante un proceso electoral.

Fue el reclamo de inequidad hecho por Obrador y el PRD, sumado al ciertamente abuso de la campaña negativa por parte del oficialismo lo que nos llevó a un paradigma normativo muy restrictivo que ha sido sujeto de polémica en los últimos meses pues, según sus primeros defensores e impulsores: “restringe la libertad de expresión”.

Conclusión

De tal suerte que la complejidad (a veces excesiva) del sistema electoral mexicano responde a que es resultado de un paulatino y acumulativo ensayo de prueba y error que se encuentra permanentemente sujeto al contexto sociopolítico, a la presión de la sociedad civil y, desde luego, a los cambiantes y hasta caprichudos intereses de la clase política que nos gobierna.

Nuestra democracia no es un cuento ideal, pero su historia se construye cada día y por eso, es tan interesante contar con espacios como este, que nos permite reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que quedan pendientes en materia de dar seguridad e integridad al sufragio.  Por ello, es fundamental honrar esta historia de décadas y asistir a las urnas con la certeza de que el voto cuenta y se cuenta bien.

 

Nota: Este documento fue escrito con el objetivo de servir como preámbulo a la mesa: “¿Crayón o pluma? Seguridad electoral” organizada por la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la UAM el 28 de mayo de 2024. Disponible en: https://www.facebook.com/share/v/AUVBBDFDJrNyzy1J/