A los ochenta años es imposible no sufrir de fragilidad muscular y de cansancio acumulado, pero a pesar de ello algunas personas mantienen la lucidez y el carácter. De manera similar, con el tiempo las organizaciones pierden capacidades, especialmente la de adaptación al entorno, pero pueden aspirar a ser un referente de certeza y una guía ideológica para múltiples generaciones.
Justo ahora, la Organización de Naciones Unidas (y su sistema) se encuentra en la coyuntura entre alcanzar la madurez histórica o entrar en la decadencia crónica. Por momentos parece que la institución vive más de la memoria de 1945 que de su potencia actual. Un ejemplo de ello es la reciente votación de condena a las sanciones estadounidenses en contra de Cuba. Por trigésimo tercer año consecutivo, la Asamblea General condenó la medida por abrumadora mayoría y, como cada año, no ocurrirá absolutamente nada.
De hecho, esta votación ya es un ritual anual que nos recuerda los límites reales del multilateralismo y el frágil compromiso de las naciones con hacer valer sus propios acuerdos, porque, ciertamente, Cuba no es el único asunto políticamente correcto al que el pleno de la ONU le dedica vastos despliegues de retórica y poesía, pero ningún esfuerzo real por materializar sus discursos en acciones concretas. De manera que conviene preguntar: ¿acaso Naciones Unidas sigue siendo pertinente?
La respuesta quizá depende del momento en que se hace la pregunta. Cuando China reprime a los uigures en Xinjiang (desde 2017); o Rusia secuestra infantes de Ucrania (desde 2022); o cuando Israel bombardea hospitales en Gaza (2023-2025); o cuando miles de cristianos son víctimas de genocidio en Nigeria (desde 2024), parecería que Naciones Unidas es un elefante blanco.
En cambio, si se pregunta cuando gracias al Protocolo de Montreal (1987) logramos atender el agujero de la capa de ozono; o cuando la OMS certifica la erradicación de la polio salvaje en África (2020); o el Programa Mundial de Alimentos entrega el único arroz que comerán miles de familias en el conflicto de Sudán (2024); o cuando la OIEA vigila hoy mismo que el material nuclear no termine en la maleta bomba de un terrorista trastornado, la respuesta cambia radicalmente. Incluso, la ONU se revela como la única infraestructura civilizatoria que sostiene los cables de este mundo globalizado.
No cabe duda de que sumar pesos a la balanza es fácil. Naciones Unidas cosecha tantos éxitos como fracasos, así que lo difícil es más bien distinguir de cuál lado se inclina la historia. Aún así, intentaré hacerlo en dos movimientos: primero me abocaré a sus fracasos burocráticos y políticos, luego a los aciertos que impiden que el sistema colapse del todo. Finalizaré con un diagnóstico general.
1. El teatro de la vitalidad: la ONU disfuncional
Naciones Unidas goza de una marca poderosa, producto del extraordinario marketing que la acompaña desde su origen: evitar que el mundo vuelva a la locura de la segunda guerra mundial. Sin embargo, al contrastar el eslogan con la realidad, su historial es una enciclopedia de fracasos.
Es doloroso, pero necesario, recordar algunos hitos de esta impotencia: en Ruanda (1994), vimos a la Organización retirar tropas mientras se perpetraba un genocidio a machetazos; y en Srebrenica (1995), un batallón de cascos azules literalmente entregó a miles de civiles bosnios a sus verdugos serbios por “falta de mandato” para disparar.
Más recientemente, la ONU falló catastróficamente en la protección de civiles durante la fase final de la guerra civil en Sri Lanka (2008-2009). A pesar de contar con información creíble sobre bombardeos deliberados del ejército esrilanqués contra hospitales y zonas declaradas “sin fuego”, la organización optó por una estrategia de “silencio diplomático” con el pretexto de asegurar el “acceso humanitario” a la zona, propiciando la muerte de decenas de miles de civiles.
Tragedia similar a la de la guerra de Tigray (2020-2022), cientos de miles murieron en medio de hambruna inducida y violencia sexual sistemática utilizadas como arma de guerra; o la limpieza étnica y el desplazamiento forzado masivo de la población armenia de Nagorno-Karabaj (desde 2023), donde el Consejo de Seguridad bloqueó toda acción real y Naciones Unidas se limitó a prácticamente emitir sensibles comunicados.
Ante esta realidad sangrienta, la institución compensa su ineficacia con una sobreactuación retórica. Ciertamente, es más seguro emitir declaraciones que producir resultados y es más rentable mientras más grandilocuentes son los discursos. Por eso mismo, a veces, las asambleas anuales de la ONU me parecen el equivalente institucional de un cumpleaños que nadie se atreve a cancelar, pero al que nadie realmente quiere ir. En la tribuna se suceden los jefes de Estado proclamando compromisos que saben imposibles, pero que les darán réditos en redes sociales y, con un poco de suerte, les ayudarán a convencer a sus propios pueblos de su valía como estadistas y de su vocación universalista; utilizando la tribuna para simular activismo cuando su responsabilidad real es ejercer el gobierno y hacer esos cambios que pregonan.
Por ejemplo, Muamar el Gadafi en 2009, cuando rasgó teatralmente la Carta de Naciones Unidas frente a una audiencia atónita. También Hugo Chávez persignándose en 2006 porque el atril “olía a azufre” tras el paso de George W. Bush. O, hace un par de meses, el vacío que hizo la audiencia a la intervención de Benjamín Netanyahu. Momentos virales, pero irrelevantes e incluso hipócritas. Pues en paralelo a las cumbres, los conflictos armados se multiplican, la confrontación cultural entre religiones y nacionalidades se profundiza y la emergencia climática avanza más rápido que los foros que la discuten.
En la práctica, los conflictos más polémicos y quizá también los más urgentes, ocurren con desdén de lo que se condene en el sistema de naciones unidas. Por una parte, es culpa del diseño: el Consejo de Seguridad responde a una jerarquía geopolítica congelada en 1945. Cinco países conservan un derecho de veto que les blinda de toda responsabilidad y les permite sabotear cualquier decisión que impacte en el orden mundial.
Por otra parte, a los problemas políticos se suman los de la estructura interna. Un informe de la Dependencia Común de Inspección de 2024 reveló un sesgo geográfico escandaloso: el 37% de los puestos directivos (P-5 y superiores) están ocupados por nacionales del grupo de Europa Occidental (WEOG), a pesar de que estos países representan solo el 13% de la población mundial. Una sobre representación de blancos europeos difícil de justificar bajo el discurso de la “universalidad” de la ONU.
Además, esta burocracia (que según el UN System Chief Executives Board for Coordination 2024 supera a los 120 mil empleados distribuidos globalmente) goza de altos salarios, exenciones fiscales, y subsidios educativos y de vivienda. Así como de una amplia inmunidad jurídica y de mecanismos internos de evaluación poco transparentes, pues es poco claro cuáles son los criterios objetivos para medir los resultados de su trabajo y, por lo tanto, la justificación de su empleo.
Hay quienes defienden la estructura laboral privilegiada como el costo colateral de garantizar su independencia. Dicen que, sin esos blindajes, los funcionarios de la ONU serían piezas maleables para los gobiernos u otros actores internacionales. En cualquier caso, es un escándalo ético y un dilema del orden internacional y, en la práctica no han garantizado ni la neutralidad ni el compromiso con una ética global.
Recordemos, por ejemplo, las escuchas ilegales al secretario general Kofi Annan en 2003. También las denuncias de la abogada Emma Reilly, quien fue destituida al señalar que personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos había entregado a China los nombres de disidentes uigures que planeaban asistir a sesiones en Ginebra en 2013, con consecuencias letales para ellos y sus familiares víctimas de persecución política por parte de Beijing.
Pero el historial de problemas con el personal de la Organización es aún más alarmante. En 2010 los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks revelaron que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, 2004-2017) era percibida por numerosos gobiernos como una fuerza excesivamente costosa y abusiva. Los documentos registran denuncias sistemáticas de explotación sexual por parte de cascos azules, tiroteos indiscriminados contra civiles y una gestión de la seguridad que agravaba más que resolvía la inestabilidad política del país.
Aún más grave, sigue pendiente la justicia por el brote de cólera introducido en octubre de 2010 por la propia MINUSTAH, que causó más de 10 mil muertos y casi un millón de enfermos. La ONU tardó seis años en admitir formalmente su responsabilidad (declaración de Ban Ki-moon, diciembre de 2016) y, a la fecha, la organización sigue invocando su inmunidad diplomática ante tribunales estadounidenses para evitar compensar a las víctimas.
El personal de Naciones Unidas también ha sido acusado de cometer abusos sexuales en República Centroafricana (2015); de participar en explotación sexual en la República Democrática del Congo (2004-2007); de tráfico de armas en Somalia y Sudán del Sur. Y, más recientemente, el gobierno israelí acusó supuesta colaboración de empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) con Hamás, incluyendo el uso de instalaciones de la agencia para almacenar armamento; lo que derivó en una investigación independiente y el despido de 12 funcionarios de la UNRWA.
Es una cuestión lógica de incentivos y controles mal alineados. Mientras los cascos azules y/o los funcionarios de Naciones Unidas gocen de un estatus jurídico que los coloca, en la práctica, por encima de cualquier tribunal, la organización seguirá enfrentando desvíos y abusos de su personal. Mientras que nadie se atreva a reformar el sistema de contratación, gestión y sanción del personal de la ONU, la institución seguirá siendo, en palabras de Philip Alston, entonces Relator Especial sobre pobreza extrema, una institución que puede causar una epidemia, matar a 10 mil personas y no pagar ni un centavo. Esta pérdida de legitimidad técnica-operativa se suma a la de la credibilidad política y se retroalimentan mutuamente.
No obstante, los fracasos criminales, la deriva hacia la irrelevancia estratégica y el moralismo exacerbado coexisten, de forma esquizofrénica, con otra ONU: la que funciona y cambia para bien la vida de las personas. También es necesario hablar de la ONU que opera tras bambalinas, lejos de los reflectores de Nueva York y que, paradójicamente, es la más efectiva precisamente porque es técnica, aburrida y casi invisible.
2. El motor invisible: la ONU que sí funciona
Pese a las críticas, debemos reconocer que el mapa político actual es, en gran medida, una construcción de Naciones Unidas. Cuando se fundó en 1945, un tercio de la población mundial vivía bajo dominio colonial. La ONU no sólo supervisó la transición a la independencia de más de 80 naciones, sino que proporcionó el marco jurídico y la legitimidad política para que el colonialismo pasara de ser una norma aceptada a un estigma internacional. Sin la ONU, el proceso de descolonización habría sido aún más sangriento y caótico.
Por cada Srebrenica o Ruanda, existen casos como Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil o Timor Oriental. En esos lugares, los Cascos Azules mantuvieron la paz y ayudaron a reconstruir Estados fallidos, desmovilizaron milicias y organizaron elecciones. Las misiones de paz son imperfectas, caras y a veces torpes, pero según estudios del Global Peace Index, su presencia reduce significativamente la duración de los conflictos y la probabilidad de que se reanuden.
No olvidemos que existen territorios inmensos, como la Antártida, el espacio exterior o los fondos marinos, que no han sido militarizados ni colonizados salvajemente gracias a tratados negociados bajo el paraguas de la ONU. La Convención sobre el Derecho del Mar, por ejemplo, es una “constitución de los océanos” que previene conflictos diarios sobre fronteras marítimas y recursos. Es una paz silenciosa, burocrática, que no sale en las noticias precisamente porque funciona.
Un funcionamiento tras bambalinas, pero irrenunciable. Más allá de los salones de Nueva York, el ‘Sistema de Naciones Unidas’ despliega sus brazos operativos en el terreno. El Programa Mundial de Alimentos no detiene las guerras que causan el hambre, es cierto. Pero alimenta a más de 100 millones de personas al año que, sin esos sacos de arroz con el logo azul, perecerían en semanas. ACNUR no puede obligar a los dictadores a dejar de expulsar a su gente, pero gestiona campamentos donde millones de refugiados encuentran el único techo disponible. UNICEF no legisla, pero vacuna a casi la mitad de los niños del mundo.
Incluso en cosas más mundanas, pero igualmente fundamentales para el mundo moderno, está la mano técnica del Sistema de Naciones Unidas. Mientras el Consejo de Seguridad se paraliza por vetos, las agencias especializadas siguen operando. Por ejemplo, si un avión despega en Tokio y aterriza seguro en Ciudad de México, es gracias a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Si una carta llega a su destino al otro lado del mundo, es por la Unión Postal Universal. Si se frenan pandemias antes de que crucen fronteras, es por la vigilancia de la OMS. Estos organismos técnicos tejen la red de seguridad sobre la que camina la globalización. Sin ellos, el comercio y el transporte internacional serían una jungla ingobernable.
Además, hay un logro intangible que a menudo se subestima desde el pragmatismo político: la creación de un lenguaje común y el establecimiento de una hegemonía centrada en la dignidad humana. Antes de 1948, el concepto de “Derechos Humanos” era una aspiración filosófica vaga; hoy es una norma jurídica universal. Si bien, es cierto que los dictadores violan estos derechos sistemáticamente, la realidad es que se ven obligados a mentir sobre ello porque se saben carentes de legitimidad; eso es un matiz fundamental respecto al mundo previo a la declaración.
Incluso los regímenes más atroces envían a sus diplomáticos a Ginebra para argumentar que cumplen con los tratados. Esa hipocresía es el tributo que el vicio paga a la virtud. La ONU no tiene la fuerza para imponer la ética, pero ha logrado que ésta sea el único idioma aceptable en la diplomacia. Es un logro sin precedentes, es la humanidad reconociendo que hay una distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Sin ello el mundo sería un lugar aún más cínico.
3. Conclusión: el fiel de la balanza
Naciones Unidas llega a su octava década de vida con problemas graves de salud: órganos institucionales atrofiados y un metabolismo burocrático incapaz de procesar sus propias toxinas internas. No obstante, el diagnóstico tampoco permite darla por muerta. A pesar de sus errores, su arquitectura sigue siendo el único espacio donde todavía puede ocurrir diálogo entre adversarios estratégicos que de otro modo sólo se encontrarían en el campo de batalla.
Si Naciones Unidas desapareciera, el planeta se quedaría sin la única mesa donde caben 193 países y sin los acuerdos técnicos que permiten el comercio global. Y es que justo esa es la complejidad de la organización, al ser el principal foro, de ella se desprenden acuerdos que dan forma al andamiaje que soporta el mundo globalizado actual. Sin ella, posiblemente terminaríamos con foros restringidos de carácter regional y acuerdos bilaterales. Una fragmentación de los bienes públicos globales que hoy solo ella puede coordinar.
Más allá, la desaparición o irrelevancia terminal de la ONU implicaría también la pérdida de la única plataforma universal de legitimidad con la consecuente pérdida del marco normativo que, aun violado sistemáticamente, sigue constituyendo el único lenguaje compartido de la diplomacia contemporánea y el único esfuerzo civilizatorio global. Fuera del marco de Naciones Unidas, ningún país está realmente impulsando una ideología que proteja la dignidad de las personas. Por el contrario, potencias emergentes como China justamente promueven una visión autoritaria del mundo.
De manera que, mientras no exista un sustituto creíble, la ONU seguirá siendo el único espacio donde la humanidad, en toda su diversidad y a pesar de sus contradicciones, puede mirarse al espejo y recordar que alguna vez decidió que había reglas que valía la pena intentar respetar. No se trata de jubilarla. Se trata de asumir, de una vez, que mantenerla viva y mínimamente funcional es hoy la tarea más urgente (y menos glamurosa) de la política internacional.
Por eso es de interés seguir el desarrollo del Pacto para el Futuro de 2024, que hoy por hoy es el esfuerzo más ambicioso por reformar el multilateralismo, aunque debe hacerse con escepticismo porque es un proyecto que peca de otorgar mucho protagonismo a temas un tanto periféricos y hasta especulativos que pueden terminar desviando la discusión. Por ejemplo, la regulación ética de una inteligencia artificial general que todavía ni siquiera existe o la institucionalización de la “prospectiva estratégica” en la ONU. Personalmente, me parece paradójico que se busca invertir capital político y económico (tan escasos) en laboratorios de ideas para predecir los riesgos del año 2100, mientras se carece de capacidad para atender las masacres que se transmiten en tiempo real hoy mismo.
El centro debe ser priorizar una revisión profunda y focalizada de los problemas estructurales que ya asfixian al sistema: el veto del Consejo de Seguridad, la inmunidad del personal o la parálisis ante crisis ya en curso. Toca al secretario general, António Guterres, decidir si asume el momento histórico y usa sus últimos años en el cargo para forzar una cirugía profunda que reescriba el diseño organizacional, o si prefiere seguir acudiendo a placebos cosméticos mientras redacta, sin querer, el epitafio del orden global de la posguerra.
IMPORTANTE: Este artículo expresa exclusivamente opiniones personales en mi calidad de autor y analista, y no refleja posiciones institucionales de ninguna organización con la que colaboro.