El doble asesinato perpetrado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno Clara Brugada, nos interpela a todos los habitantes de la Ciudad de México. Es un llamado urgente a la reflexión colectiva y a la acción porque no se trata de un evento aislado.
La infantilización del debate sobre seguridad
En diciembre de 2018, Claudia Sheinbaum iniciaba su gestión al frente del gobierno de la ciudad quejándose de que el despacho que ocuparía contaba con puertas y ventanas blindadas. Según sus dichos, esas medidas de seguridad habían sido instaladas en 2013, al inicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Es decir, cuando él aún compartía partido y era aliado de la propia Sheinbaum y de López Obrador. En aquella sesión con prensa, la nueva mandataria bromeó sobre quién podría necesitar tal protección y hasta sugirió vender las ventanas junto con el avión presidencial.
Apenas dieciocho meses después, junio de 2020, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, fue atacado a plena luz del día en Paseo de la Reforma por un comando fuertemente armado. Dos de sus escoltas lamentablemente fallecieron y el propio secretario recibió tres impactos de bala. El blindaje de su camioneta resistió más de 400 disparos y la metralla de granadas. Nunca un funcionario del gobierno capitalino había sido blanco de un atentado así.
Luego, en julio de 2024, el comisario Milton Morales Figueroa, jefe de la “Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales”, fue asesinado en Coacalco. No se trataba de un funcionario menor: dirigía una de las áreas más sensibles y estratégicas de la ciudad. Morales fue ejecutado en plena vía pública, no tenía escoltas.
Ahora, en mayo de 2025, sobre Calzada de Tlalpan, un sicario que aparentemente conocía la rutina de Guzmán arrebata su vida justo cuando recogía a Muñoz. Según reportes, ambos eran las personas de mayor confianza de la jefa de Gobierno, pero tampoco llevaban escolta ni viajaban en vehículo blindado. En el duelo y a la distancia, aquel gesto de propaganda de 2018 (reírse de las medidas de seguridad) se antoja más que ingenuo, irresponsable.
¿Gobierno vs crimen?
Controlar la capital del país significa acceder a una concentración enorme de recursos públicos, contratos, obras, influencia y visibilidad. El botín es demasiado grande como para que nadie lo dispute; incluyendo grupos dispuestos a utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Entonces, ¿quién necesita una ventana blindada? Cualquier mandatario de una ciudad como esta. Ni siquiera hace falta que “tengan cuentas que pagar” como popularmente se sentencia frente a estos casos. El riesgo es inherente al cargo, independientemente de la biografía del funcionario.
En State in Society (2001), Migdal aporta una lectura útil para el problema que nos ocupa. Reconociendo que el Estado no es una entidad homogénea y centralizada, sino un entramado de actores e instituciones que interactúan entre sí, documenta que el gobierno es, en la práctica, otro actor político que compite en distintos campos de dominación con actores comunitarios, religiosos, sociales y criminales por el control del territorio y las reglas de la vida cotidiana.
En ciudades como la nuestra, esto significa que los gobiernos locales no sólo enfrentan al crimen organizado como un adversario externo, sino que deben operar dentro de un orden ya intervenido, donde sus capacidades están fragmentadas y hasta subordinadas. En este marco, los atentados no sólo revelan “un mensaje”, sino que revelan la puesta en marcha de una estrategia de disputa efectiva por la soberanía.
En la práctica, autores como Dennis Rodgers (Living in the Shadow of Death: Gangs, Violence and Social Order in Urban Nicaragua, 1996–2002) demuestran que las bandas criminales no sólo utilizan la violencia como herramienta de coerción económica, sino que llegan a convertirse en mediadores de conflictos, garantes de reglas e incluso en dispensadores de una cierta “justicia” barrial. Si el gobierno no los contiene a tiempo, esas bandas estabilizan su posición hasta ser capaces de negociar o imponer reglas, como si fuesen actores políticos legítimos.
Ahora bien, lo fácil sería detenerse en la ineptitud gubernamental para garantizar el monopolio de la fuerza y el control efectivo del territorio y señalar culpables. A nadie se le escapa que, desde 1997, la Ciudad ha sido gobernada por actores que, con el tiempo, transitaron del PRD a Morena. De Cárdenas a Brugada, pasando por Robles, López, Encinas, Ebrard, Mancera, Amieva, Sheinbaum y Batres, hay una continuidad de alianzas y de intereses compartidos (aunque en el camino Robles y Mancera terminaron en derroteros distintos). Es claro quiénes son los responsables del crecimiento de los grupos criminales, pero no alcanza para entender la verdadera profundidad del problema.
Entonces, vale la pena recuperar a estudiosos como Vázquez Valencia (“Captura del Estado, macro criminalidad y derechos humanos”, 2019) quien evita acudir a una visión fragmentada de la delincuencia de “buenos” vs “malos”. Demostrando cómo ciertos crímenes, existen sólo en el contexto de complejas redes de poder que articulan actores estatales, políticos, empresariales y criminales. Estas redes, lejos de desafiar al gobierno desde fuera, se incrustan en él, lo capturan y lo utilizan para sus fines, produciendo formas híbridas de autoridad (legal-ilegal). Es con este enfoque que se deben leer los atentados contra funcionarios públicos capitalinos.
El verdadero blindaje
Ximena y José son rostros visibles de una enorme lista de víctimas anónimas (funcionarios y población civil), que perdieron sus vidas como resultado de la disputa entre redes político-criminales que buscan controlar el poder público. Lo que realmente exige este momento por parte de las autoridades es ir más allá de las condolencias, y por parte de la ciudadanía hay que hacer más que sólo reclamar seguridad pública (por más legítimo que sea este reclamo). Ambos debemos reconocer que enfrentamos una amenaza al proyecto civilizatorio. No es un asunto de ladrones y policías, es que hay actores impulsando una sociedad premoderna donde impere la ley del más fuerte. No podemos permitirlo.
Debemos ser capaces de desmontar las narrativas que glorifican al crimen, de defender los valores de la modernidad y también de desenmascarar a quienes fingen legalidad mientras en la práctica acuden tras bambalinas al ejercicio de la violencia para capturar y menoscabar las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Hoy, el blindaje que más necesitamos no es de acero y plomo, sino de convicciones y organización ciudadana.