El próximo 1 de junio, México celebrará una elección sin precedentes en la historia del mundo. La ciudadanía estamos convocados a votar por la mitad del Poder Judicial, incluida la totalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la otra mitad se renovará en 2027). No hay país que haya intentado algo semejante: algunos eligen a jueces locales o a miembros del Tribunal Constitucional, pero nadie, absolutamente nadie, ha puesto en la urna la integración entera de todos sus tribunales.

Lamentablemente, el país llegó a esto en medio de una improvisación legislativa vergonzosa, así que le ha tocado al INE resolver sobre la marcha los problemas más acuciantes. Al respecto, se ha escrito con amplitud y, en general, el consenso académico es negativo, por lo que me centraré sólo en uno de sus problemas, aunque quizá el más obvio, paradójicamente, el más ignorado: la imposibilidad de elegir de manera informada.

El diseño apresurado de esta elección judicial hace imposible el voto informado: las trayectorias son intercambiables, los discursos repiten los mismos lugares comunes y el costo cognitivo supera lo razonable para cualquier ciudadano.

La democracia no cabe en las urnas

Antes, una precisión necesaria: democracia no es lo mismo que votar. Democracia es un sistema de organización política en el que el poder se accede, ejerce y renueva conforme a reglas claras, bajo un principio de igualdad política entre la ciudadanía. Votar es apenas una herramienta (poderosa, sí, pero parcial) para tomar decisiones colectivas cuando el consenso no es alcanzable.

Votar es una forma de tomar una decisión con suficiente fuerza y legitimidad para que sea posible accionarla. La fuerza viene del respaldo de la mayoría y la legitimidad de la aceptación de las minorías a la acción, en función de cómo se decidió, en qué condiciones y con cuáles garantías.

Uno de los principios más elementales para que una elección sea legítima es la información del votante. Sin ella, el voto se vuelve ritual, acto de irresponsabilidad cívica o, peor aún, una trampa que se ejerce contra un votante ignorante.

Lo vimos con crudeza en el Reino Unido, durante el referéndum del Brexit: una mayoría votó por salir de la Unión Europea sin tener claridad sobre las consecuencias, empujada más por emociones que por argumentos. El resultado fue jurídicamente válido, pero políticamente envenenado.

México se asoma hoy al abismo de una decisión similar: la de elegir cientos de cargos judiciales sin contar con las herramientas necesarias para ejercer esa decisión de manera informada. Cada votante recibirá nueve boletas para elegir distintos cargos, cada una con decenas de nombres impresos, ¿quién puede realmente evaluar a cada persona candidata?

Muestra de las boletas que se utilizarán en la elección:

Pero el problema no es sólo cuantitativo, también es cualitativo. Por definición, las personas candidatas deben tener perfiles relativamente similares: estudios de derecho, experiencia jurisdiccional, trayectoria institucional. Si a primera vista todas las candidaturas parecen idénticas ¿cómo distinguir entre ellas? El votante se enfrenta una tarea de alta complejidad.

Esencialmente es el mismo dilema que enfrentan los reclutadores de recursos humanos al tener que revisar cientos de currículums con pequeñas diferencias entre sí. Aun recurriendo a software especializado, entrevistas y equipos de trabajo, el margen de error sigue siendo alto. Simplemente no puede exigirse que la ciudadanía, en sus horas libres y sin conocimiento pleno de lo que distingue a un juez civil de un administrativo, haga lo que ni los reclutadores expertos hacen con certeza.

Consciente del problema, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a las candidaturas responder una serie de preguntas de perfil y subir sus hojas de vida a una plataforma pública: candidaturaspoderjudicial.ine.mx. Esta plataforma incluye datos básicos como: sexo, estudios, experiencia profesional y también posicionamientos sobre principios clave de la visión jurisdiccional de cada candidato. Además, el INE publicó una plataforma para ensayar el voto e imprimir un acordeón: practicatuvotopj.ine.mx. El esfuerzo es meritorio, pero está muy lejos de resolver el dilema de fondo.

Para ahondar sobre este desafío analicé la base de datos de las plataformas del INE (corte al 25 de abril) utilizando técnicas de minería de texto. Quise saber si, más allá de los cargos ocupados o los grados académicos, las candidaturas ofrecían discursos suficientemente distintos entre sí como para que una persona votante pudiera diferenciar propuestas reales y tomar una decisión informada con base en la información publicada por el INE.

Hay más tiempo que vida

El electorado deberá elegir, en función de su domicilio, a: Jueces de Distrito; Magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito; Magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral (TE) y otros cargos de los poderes judiciales locales. Además, sin importar el lugar de residencia, toda la ciudadanía votará por tres cargos nacionales: Magistraturas de la Sala Superior del TE; Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan solo para estos tres cargos nacionales, cada votante debe conocer y ponderar a 117 candidaturas.

Si una persona decidiera informarse y accediera a la plataforma del INE, sólo leer la trayectoria académica, los posicionamientos y las propuestas de las 117 candidaturas nacionales implicaría procesar unas 45,941 palabras. Suponiendo una velocidad de lectura promedio de 200 palabras por minuto, sin pausas, necesitaría casi cuatro horas continuas solo para leer. A eso habría que sumar el tiempo para comparar, ponderar y decidir entre las distintas opciones.

Después, debería hacer lo mismo con las candidaturas correspondientes a su domicilio, ya que no todas las personas recibiremos las mismas boletas. Por ejemplo, en el Distrito Judicial Electoral 12 de la Ciudad de México, específicamente en la sección 4748 (la misma en la que votaba López Obrador como presidente y en la que probablemente votará Sheinbaum), la ciudadanía recibirá 6 boletas federales para elegir 37 personas de un total de 212 candidaturas (ver tabla 1).  

Las y los vecinos de Palacio Nacional tendrían que leer más de 77 mil palabras para conocer la información que les proporcionó el INE. Eso equivale a una lectura continua de casi 7 horas. En estas condiciones la ponderación demanda de una memoria prodigiosa o una sistematización profesional. Estrictamente, no es un trabajo imposible, pero sí excesivamente desafiante.

¿kétchup o cátsup?

El problema de ponderar candidaturas va más allá del tiempo y esfuerzo de evaluar decenas de perfiles. También enfrenta el desdibujamiento y la sobre explotación de lugares comunes por parte de los candidatos.

En lo académico, los perfiles se parecen. Naturalmente, todas las personas candidatas estudiaron derecho, pero además el 93 % reporta estudios de posgrado y casi la mitad (49%) asegura tener un doctorado. En tales condiciones, la escolaridad deja de ser un criterio diferenciador útil; salvo, quizá, que se recurra a prejuicios o estereotipos sobre las instituciones de egreso.

Incluso si se amplía el análisis a su trayectoria académica y profesional (también reportada en un campo de la plataforma Conóceles del INE) la similitud persiste. Acudiendo a un análisis de Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF), la similitud entre candidaturas es evidente.

Esta técnica permite evaluar qué tan relevante es una palabra dentro de un texto, tomando en cuenta el conjunto total de documentos, y resaltar así los términos más distintivos de cada uno. En otras palabras, TF-IDF no mide cuántas palabras se usan, sino qué tan únicas son en el contexto comparado.

Aplicado a las trayectorias de las personas candidatas, el resultado es contundente: la similitud promedio entre textos es de apenas 0.04, y la distancia semántica promedio es de 0.14 (en una escala de 0 a 1). Es decir, los perfiles académicos resultan prácticamente intercambiables, al punto que la mitad tienen menos del 4% de diferencia (ver gráfica 1).

Como se puede visualizar, la mayoría de las trayectorias académicas comparten un vocabulario genérico, lleno de palabras comunes como: “justicia”, “derecho”, “experiencia”, “servicio” o “compromiso”. Estas palabras, aunque frecuentes, tienen un valor discriminativo casi nulo. En contraste, las palabras verdaderamente distintivas como el nombre de una línea de investigación o una experiencia singular son escasas y, en la mayoría de los casos, están ausentes. Así, lejos de ofrecer al votante elementos para decidir, las trayectorias ofrecidas vía el INE son más propias para comités de evaluación (como los que existían antes de esta elección) que para una elección popular.

La homogeneidad no termina en el currículum. Cuando las candidaturas explican “su visión de la justicia” o proponen “tres acciones prioritarias”, el resultado es un espejo plano: derechos humanos, compromiso social, o acceso a la justicia son ampliamente socorridas en los perfiles (ver gráfica 2). Ello como resultado de intentar agradar a la mayor cantidad de votantes.

Al igual que los candidatos a representación popular, las candidaturas al poder judicial son cuidadosas de no expresar sus verdaderas posturas ideológicas sino de sólo mostrar aquellas que, consideran, les darán más votos. Lo cual, de hecho, es notorio en sus redes sociales, pero también en las respuestas que ofrecieron al INE en los campos: Visión de la función jurisdiccional, Visión de la impartición de justicia y sus tres propuestas.

Por ejemplo, estos tres textos son respuestas de candidaturas diferentes a la pregunta sobre su visión de cómo debe ser la impartición de justicia. Aunque obviamente utilizan frases diferentes, fácilmente pueden ser agrupadas en una misma idea común: la promesa de una justicia cercana, humana y accesible. A continuación se marcan entre paréntesis los conceptos clave que permiten agruparles con facilidad: Derechos humanos (1), igualdad social (2), justicia oportuna (3) y accesible (4).

Respuesta de la candidatura A:

“La impartición de justicia debe ser visible a través de decisiones judiciales debidamente motivadas, claras y fundamentadas (4), cuyo resultado final sea el aumento de la confianza y seguridad de los ciudadanos en el sistema de justicia. No solo debe castigar, sino transformar, ser inclusiva (2), enfocada en la paz y la integración de toda la sociedad. Trabajaremos para que se convierta en realidad que todo aquel que sufra una violación a sus derechos humanos (1), reciba una atención oportuna y eficaz (3).”

Respuesta de la candidatura B:

“Visualizo una nueva justicia en México. Por eso, mi visión es clara: el derecho debe ser una herramienta para proteger, no para excluir. Para cerrar brechas, no para ampliarlas (2). Una justicia con perspectiva de género, intercultural y sensible a la desigualdad. Quiero contribuir a construir una SCJN que garantice derechos (1) de manera efectiva (3), especialmente a quienes históricamente han sido olvidados. Esa es mi visión, una justicia viva, humana y cercana (4). Una justicia que sirva para vivir mejor.”

Respuesta de la candidatura C:

“Visualizo la impartición de justicia como transformadora; un proceso transparente que tenga como principal interés, alcanzar la igualdad (2), a través de servidores públicos capacitados e instancias eficientes (3) que operen a través de un paradigma de justicia social para reducir las desigualdades (2), en lugar de satisfacer los intereses, valores y visiones de un grupo privilegiado (4). Al mismo tiempo, debe respetar el principio de estricto derecho en las materias donde no opera la suplencia de la queja.”

Al igual que estos tres ejemplos, el conjunto de candidaturas puede agruparse en torno a un número reducido de ideas clave, a partir de los conceptos compartidos a los que apelan. No obstante, para sortear el componente subjetivo de este tipo de aproximación cualitativa, realicé un análisis estadístico de las semejanzas discursivas. Para ello acoté el universo de estudio únicamente a las candidaturas a Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de de comparar en condiciones homogéneas, dado que todas compiten por un mismo cargo con atribuciones y responsabilidades equivalentes.

Como muestra la gráfica 3, los temas más mencionados son: derechos humanos, género, corrupción y pueblo; presentes en más de la mitad de las candidaturas. En cambio, otros temas relevantes para el quehacer judicial, como: división de poderes, austeridad o autonomía judicial, aparecen con menor frecuencia o incluso son marginales. Lo que sugiere discursos reiterativos y centrados en lugares comunes, más que en propuestas diferenciadas o técnicas.

El cuidado del discurso es más evidente si observamos la presencia temática en función del origen de la candidatura. Los temas más populares son transversales a todas las candidaturas. En cambio, las tres candidatas que actualmente integran parte de la SCJN y que están públicamente alineadas con Morena exhiben una narrativa casi calcada y saturada de temas claves del oficialismo. Mientras que las candidaturas provenientes del poder judicial se inclinan un poco más por una retórica técnica y sobria (ver gráfica 4).

El votante no sólo enfrenta la dificultad de comparar perfiles homogéneos, sino que además lo hace en un terreno donde los alineamientos discursivos dificultan la distinción plena entre candidatos. Si acaso, el origen de la postulación permite entrever la existencia de un aparato político detrás de ciertas candidaturas. Sin embargo, como la reforma constitucional prohíbe expresamente la participación de partidos políticos en este proceso, la simpatía o cercanía partidista opera únicamente como una intuición subjetiva del votante, no como un criterio transparente de evaluación.

La plataforma del INE no ofrece información que permita identificar estos vínculos o afinidades. Por el contrario, presenta a todas las candidaturas como si fueran equivalentes, sin mediaciones ni contexto político, lo que sumado a las similitudes descritas en los perfiles y en el discurso anula las posibilidades de un juicio ciudadano propio basado en proyectos, visiones o trayectorias diferenciadas.

De hecho, salvo por temas muy específicos y polémicos, el empalme discursivo es tal que se pueden agrupar a las 64 candidaturas a la Suprema Corte en tan solo cinco familias temáticas (clústeres). Cada grupo reúne temas y énfasis similares, más allá de su origen (ver gráfica 5).

El dendrograma sugiere que los discursos tienden a replicar una narrativa común que debilita la diferenciación sustantiva entre candidaturas. El verdadero desafío para el votante no es sólo acceder a la información oficial, sino lograr distinguir entre perfiles que suenan, lucen y proponen casi lo mismo. El reto no está sólo en leer, sino en distinguir.

Conclusión: más que votar, es la lotería

Los resultados son reveladores: más que un conjunto de voces diversas, el electorado se encuentra ante un coro uniforme. Buscando maximizar la probabilidad de ganar, cada candidatura intentó decir lo que cree que el electorado quiere escuchar. Justamente un problema ampliamente criticado en los procesos electorales tradicionales.

Desde luego, esto no es un juicio sobre la calidad de las personas postulantes en particular, sino una crítica al formato del proceso electoral. Se pide a la ciudadanía evaluar decenas de perfiles jurídicos muy homogéneos, con trayectorias intercambiables y sin un marco que permita compararlas con claridad. Además, se prohíbe la intervención partidista explícita. El resultado es un terreno fértil para que actores diversos, incluyendo partidos políticos, orienten la preferencia ciudadana por vías opacas, sin responsabilidad pública ni mecanismos de auditoría efectivos.

No se trata de estar a favor o en contra de la elección judicial. Se trata de preguntarnos si podemos llamar “democrático” a un proceso donde el diseño original fue tan pobre que obligó a que las reglas de la contienda cambiaran sobre la marcha y donde el sufragio está desprovisto de contenido sustantivo. Si la democracia comienza con la información, esta elección comienza mal. Y lo que empieza mal, suele terminar peor.