(Este texto fue enviado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en noviembre de 2025)

Recientemente, en el debate público sobre el futuro electoral de México toma fuerza una visión eminentemente administrativa, orientada a maximizar la velocidad de los procesos democráticos y a reducir sus costos. Si se me permite, incluso diría que recuerda el protagonismo de la “productividad” como valor en los discursos neoliberales. Desde esta perspectiva, la estructura distrital del INE aparece como un rubro de gasto, un “costo de transacción” que podría reducirse mediante centralización, más personal eventual y una apuesta tecnológica positivista. Me parece una cadena causal injustificada según la cual: menos oficinas, menos personal, menos dinero y menos tiempo, pero con más tecnología dejarían mejores resultados.

Esta narrativa tiene varias dolencias, pero quiero centrarme en la principal: ignora que la paz social y la legitimidad del poder público dependen de una maquinaria compleja y a menudo invisible. La literatura científica sobre integridad electoral coincide en que la capacidad profesional y la presencia territorial de los organismos de gestión electoral son determinantes centrales de la calidad de las elecciones y de la confianza ciudadana en los resultados. La evidencia acumulada muestra que la certeza electoral (principio rector del artículo 41 constitucional) es indisociable de la profesionalización de esta estructura desconcentrada.

En México, esta capacidad se materializa en la red de 300 Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) del INE y en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Estas juntas son los nodos donde la ley electoral se convierte en logística: en actualización del padrón, cartografía y distritación, capacitación de la ciudadanía, ubicación de casillas, distribución de los materiales, operación de la jornada y cómputo distrital. Decenas si no es que cientos de actividades previas y posteriores a la jornada electoral.

El objetivo de este texto es defender, con argumentos normativos y empíricos, que una estructura distrital profesional es condición necesaria de la democracia electoral. Aunque ello no implica reconocer problemas que se enfrentan en las juntas, por ejemplo, en el costo durante procesos y en la disparidad laboral. Para ello, se organiza en tres secciones:

1. Esencia: se reivindica el conteo en casilla, realizado por vecinas y vecinos insaculados y capacitados, como elemento indispensable de la democracia electoral, fundamento de la confianza en la elección y legado irrenunciable de la larga lucha mexicana por el ejercicio justo del poder político.
2. Condición: se muestra que la esencia de nuestro sistema sólo es posible gracias a una compleja logística operada por personal profesional en las juntas distritales.
3. Garantía: se argumenta que la certeza del voto en casilla requiere redundancias técnicas y máxima publicidad, y que las soluciones de voto electrónico puro son regresivas desde la perspectiva de integridad, para lo cual se acude a la experiencia del modelo de cómputo centralizado del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) como fuente de evidencia práctica.

En la sección final formulo recomendaciones específicas para orientar la discusión de la reforma electoral desde los argumentos planteados, pero también desde mi experiencia como votante, observador electoral, supervisor electoral, consejero distrital y estudioso de ciencias políticas.

I. Esencia: conteo en casilla por vecinas y vecinos

El corazón del sistema electoral mexicano, construido tras décadas de desconfianza y de luchas sociales, es la apropiación ciudadana de la elección. La garantía de imparcialidad no reside en una autoridad central lejana, sino en la vecina y el vecino que, sorteados e instruidos, reciben y cuentan los votos de su propia comunidad. Cualquiera puede afirmar en el vacío que se hizo “fraude”, pero casi nadie está dispuesto a decir: “en la casilla que participé hubo fraude”.

La singularidad del modelo electoral mexicano no radica sólo en la autonomía de su autoridad, sino en la forma en que distribuye el poder de validar los resultados: son las vecinas y vecinos de cada sección quienes, en casilla, reciben, cuentan y asientan los votos. Todo a la vista de observadores y representantes de partido, cada uno de los cuales obtiene en ese mismo momento copia original de las actas de casilla.  

Así, el voto en casilla y su escrutinio in situ es el primer candado de seguridad que garantiza que el resultado electoral sea una verdad pública, construida de manera descentralizada y a la vista de todos. Es la piedra angular donde descansa toda la credibilidad del sistema y ocurre antes de que cualquier sistema informático intervenga y de forma independiente a las autoridades. Eliminar o trasladar este momento (como ocurrió en la reciente elección judicial, por motivos de complejidad y diseño normativo) despoja a la ciudadanía de su protagonismo y convierte al elector en un mero espectador de un proceso que puede ir de lo opaco a lo inescrutable. El voto en casilla es transparencia, es certeza y es coproducción de resultados.

En términos democráticos, esta arquitectura produce al menos tres efectos:

1. Publicidad empírica del resultado. Cualquiera puede observar el conteo, ver las boletas, presenciar la clasificación de votos válidos y nulos, y conocer el resultado preliminar pegado en la fachada del domicilio.
2. Distribución territorial de la confianza. La certeza no se concentra en una oficina central, sino que se construye en miles de puntos simultáneos, bajo la mirada de la comunidad política inmediata.
3. Generación de evidencia física primaria. Las actas de casilla constituyen el insumo básico para el PREP, los cómputos distritales y los eventuales recuentos; su multiplicidad dificulta la manipulación coordinada. Su redundancia permite la reconstrucción total de una elección. En 2006 se pedía boleta por boleta, ciertamente el diseño hacía razonablemente posible reconstruir el resultado a partir de los juegos de actas de casilla que estaban en manos de todos los partidos.

Este diseño responde a una problemática que, por ejemplo, atendió en marzo de 2009 el Tribunal Constitucional Federal alemán cuando declaró inconstitucional el uso de máquinas de votación electrónica, ordenando que “todos los pasos esenciales de la elección sean sometidos al escrutinio público, de forma comprensible para el ciudadano sin conocimientos técnicos especializados”.

Usar boletas de papel y contarlas en casilla cumple exactamente ese estándar: es cognitivamente accesible (contar boletas es una operación elemental), es materialmente inclusivo (puede usarse incluso en comunidades sin electricidad), es físicamente verificable (hay boletas y actas legibles) y socialmente controlado (participan ciudadanía, representantes y observadores).

Sin conteo en casilla, la democracia pierde su principal mecanismo de publicidad comprensible del resultado. Mantener el modelo de casilla ciudadana es una exigencia normativa y práctica de integridad electoral que requiere, lógicamente, de una estructura administrativa y logística que pueda sostenerla a nivel territorial.

II. Condición: la logística invisible pero irrenunciable

La casilla ciudadana, baluarte de la legitimidad electoral, no se instala sola. Para que ocurra el “milagro cívico” de la instalación de miles de domicilios donde emitir el sufragio requiere meses de trabajo previo ejecutado con precisión y bajo presión. Esta es la condición operativa: una logística invisible para el votante, pero irrenunciable para el sistema electoral. 

Detrás de cada mesa directiva hay mucho trabajo: actualización del padrón, cartografía, insaculación, notificación, capacitación, ubicación de casillas, contratación y supervisión de CAE, distribución y recolección de documentación, diseño de rutas, acondicionamiento de bodegas, atención ciudadana. Cientos de actividades y decenas de responsabilidades. Un complejo despliegue logístico y administrativo operado por las Juntas Distritales Ejecutivas y su personal.

Los estudios comparados sobre organismos de gestión electoral muestran que la capacidad organizacional de las autoridades electorales está estrechamente asociada con mayores niveles de integridad electoral y menores niveles de conflicto postelectoral. En nuestro caso es así porque las Juntas Distritales cuentan con vocalías especializadas (organización, capacitación, registro federal, secretaría, vocal ejecutivo) que cubren las distintas dimensiones del proceso y acumulan capitales imposibles de construir sólo con personal eventual y que tampoco se puede enseñar en un aula.

Las JDE construyen y mantienen un conocimiento y capital social fundamental al recorrer calle por calle sus distritos. No sólo es personal especializado en la normativa electoral, es que establece relaciones de confianza con directores y conserjes de escuelas, negocia con líderes vecinales el préstamo de domicilios, conoce a las personas, e inclusive gestiona la seguridad en zonas complejas. En honor a la verdad, esto incluye a veces dialogar con actores vinculados a la delincuencia local para asegurar condiciones mínimas para el trabajo electoral.

La reciente elección del poder judicial sirve como experimento natural del impacto que tiene esta estructura. Durante el proceso electoral para renovar juzgadores el personal de las JDE fue sometido a un estrés nunca visto con un marco normativo improvisado, con escasos recursos y muy poco tiempo. Los resultados están a la vista: Alrededor de 30 % de las casillas operaron incompletas, cerca de 8.5 % del funcionariado se tomó “de la fila” (es decir no tenía capacitación previa) y se tuvo la menor asistencia a urnas nunca registrada, a penas la décima parte del electorado.

La elección del poder judicial fue una aproximación empírica de lo que nos dice la teoría. Es fundamental que existan condiciones donde profesionales con conocimiento del territorio, capital social entre actores micro locales y dominio de procedimientos técnicos puedan desempeñar su labor, ya que de otro modo el modelo de casilla ciudadana no sería viable. La organización distrital permite que el sistema de vecinos en las casillas opere con cobertura amplia, puntualidad y estándares de calidad adecuados.

Este reconocimiento tampoco implica idealizar el diseño vigente de las Juntas Distritales. La experiencia ha evidenciado problemas relevantes, como la sobrecarga de trabajo durante los procesos electorales, que en no pocos casos se ha traducido en enfermedades e incluso fallecimientos del personal; profundas asimetrías laborales entre el personal; prácticas de abuso de autoridad por parte de algunas personas titulares de Vocalías Ejecutivas frente a sus equipos; y procesos opacos de selección de consejerías distritales ciudadanas, que en ocasiones derivan en nombramientos de personas con escaso conocimiento en materia electoral y/o con vínculos partidistas documentados.

Sin embargo, estos déficits no invalidan la necesidad de contar con una estructura territorial permanente, profesional y especializada; por el contrario, subrayan que cualquier reforma responsable debe partir de su preservación y orientarse a corregir sus debilidades, no a desmantelar el andamiaje que hoy hace viable el modelo de casilla ciudadana y su posterior cómputo y publicidad.

De hecho, existen ya referentes útiles en el propio ámbito electoral mexicano. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, por ejemplo, ha desarrollado procedimientos de selección de consejerías distritales más objetivos y transparentes, con convocatorias públicas, criterios claros de evaluación y mayor peso de la experiencia electoral verificable. De igual forma, algunos organismos locales han ensayado esquemas de evaluación del desempeño y formación continua para su estructura territorial que podrían inspirar un rediseño del modelo federal.

III. Garantía: la certeza técnica y la máxima publicidad

Finalmente, la legitimidad democrática requiere que el perdedor acepte la derrota. Para ello, el sistema debe ofrecer certeza técnica, que se construye mediante duplicidad y redundancia de resultados. El modelo actual considera las actas de casilla, el conteo rápido, el Programa de Resultados Preliminares (PREP), el cómputo distrital y la posibilidad de recuento como una amalgama de certezas; una arquitectura de capas de verificación. Cada una permite contrastar la anterior, y la integridad no se confía a un solo momento, sino que se reparte en una cadena de procedimientos visibles, auditados y documentados.

El cuasiexperimento de la elección judicial 2024–2025 ofrece una lección crítica sobre lo que sucede cuando se elimina esta garantía. El diseño rompió la lógica de redundancias y renunció a la generación de evidencia descentralizada: no hubo conteo en casilla, conteo rápido ni PREP, dejando todo a un cómputo único centralizado en los distritos, lo que generó una “caja negra” y un talón de Aquiles. El cómputo distrital se convirtió en el único responsable de producir el resultado legal y, simultáneamente, de ofrecer algún grado de publicidad y verificabilidad. Si algo salía mal, si se cuestionaba su proceso o sus resultados, toda la elección se caía.

En términos de integridad procedimental, el modelo presentó déficits en al menos cuatro dimensiones:

1. Verificabilidad restringida. Al no existir actas de casilla, el único dato de origen fueron las boletas, digitalizadas en condiciones de alta carga y fatiga; no había documentos independientes en manos de actores externos para contrastar.
2. Participación acotada de actores políticos. Representantes de candidaturas fueron excluidos de los grupos de trabajo; los observadores sólo podían emitir informes posteriores, sin capacidad de incidencia en tiempo real.
3. Publicidad tardía y concentrada. El INE (vía el sistema SICODI) difundió resultados, pero sin la función estabilizadora temprana del PREP; en un escenario de alta competencia, la ausencia de información parcial creíble durante días habría sido fuente natural de conflicto.
4. Impugnación dificultada. Al sustituir actas de casilla por actas generadas y custodiadas exclusivamente por la autoridad, la carga probatoria para las candidaturas se incrementó, debilitando la capacidad de reconstruir el conteo.

A ello se suma una vulnerabilidad estructural: una cadena de custodia saturada por múltiples traslados y un diseño normativo tardío, sujeto a ajustes sobre la marcha mediante acuerdos del Consejo General, lo que introdujo incertidumbre jurídica. Este diseño funcionó únicamente porque hubo una participación baja (en torno al 13 %) y muy baja competencia real. Sin embargo, en una elección normal este modelo habría derivado en un conflicto político considerable que podría amenazar la gobernabilidad.

Esta experiencia dialoga con la crítica más amplia a los modelos de voto electrónico puro o fuertemente centralizado. La investigación en ciencias de la computación y seguridad electoral ha demostrado que la sustitución del soporte físico (boleta en papel) por registros puramente digitales introduce vectores de ataque y opacidades que la tecnología actual no puede mitigar adecuadamente.

Informes de consenso como Securing the Vote: Protecting American Democracy de las Academias Nacionales de Estados Unidos concluyen que no existe tecnología conocida capaz de garantizar simultáneamente secreto, seguridad y verificabilidad para el voto electrónico, y recomiendan mantener el voto en papel, complementado con auditorías estadísticas robustas.

No existe y no puede existir un software inmune a errores o ataques informáticos. Pero aún más, la naturaleza de la contienda por el poder es tal, que resulta irrenunciable la necesidad de que una elección goce de verificabilidad social. Es decir, que los procedimientos sean comprensibles para el ciudadano común. Mientras más sofisticada sea la urna o el mecanismo electrónico, más frágil es la legitimidad de todo el proceso.

De manera que la evidencia internacional y la experiencia de la elección judicial apuntan en la misma dirección: concentrar todo en un solo cómputo (sea electrónico o físico) es incompatible con una arquitectura robusta de certeza. Lo razonable es fortalecer el modelo de voto en papeleta con escrutinio en casilla, multiplicar las fuentes de verificación (actas, PREP, conteos rápidos, cómputos distritales) y, en su caso, incorporar auditorías estadísticas que incrementen la confianza sin eliminar el soporte físico.

Conclusión: recomendaciones específicas

Si aceptamos que la esencia ciudadana, la condición profesional y la garantía técnica son interdependientes y constituyen la arquitectura de la certeza electoral, entonces la reforma debería cuidar, al menos, los siguientes aspectos normativos e institucionales:

• Mantener el protagonismo de la ciudadanía en la operación de las casillas y, fundamentalmente, en el conteo de los votos in situ.

La descentralización del escrutinio es la primera línea de defensa de la integridad electoral. El escrutinio en casilla, realizado por vecinas y vecinos insaculados y capacitados, debe preservarse como núcleo del modelo. Cualquier rediseño que lo debilite o lo sustituya por mecanismos centralizados o puramente tecnológicos es regresivo desde la perspectiva de integridad.

• Reconocer que el valor que debe proteger la ley es el ejercicio sustantivo de derechos políticos, no el ahorro económico o la agilidad administrativa.

La tentación de “abaratar” la democracia reduciendo estructura distrital o automatizando el sufragio ignora que los costos de una elección mal organizada (conflicto postelectoral, erosión de confianza, inestabilidad) superan ampliamente el ahorro presupuestal inmediato. La eficiencia no puede colocarse por encima de la certeza y la legitimidad.

• Reconocer los límites del voto electrónico como sustituto del voto en papel.

A pesar de sus promesas de ahorro y velocidad, el voto electrónico puro no ofrece el mismo nivel de descentralización, certeza y cognoscibilidad que el voto en papeleta física, ni la misma accesibilidad material para todos los ciudadanos. La evidencia científica y jurisprudencial aconseja mantener el voto en papel como estándar, complementado con tecnología y auditorías, no sustituido por ellas.

• Reconocer la necesidad de personal profesional en terreno.

Para realizar elecciones físicas se requiere personal imparcial con experiencia consolidada. Su valor no sólo es normativo o logístico, sino social: la capacidad de establecer relaciones con actores micro locales constituye un capital social fundamental que no puede improvisarse con personal temporal. No basta conocer la ley o saber de logística de eventos; es indispensable la memoria institucional acumulada por las juntas distritales.

• Buscar reducir costos de manera inteligente, sin comprometer la integridad.

La austeridad es posible sin desmantelar la estructura operativa; por ejemplo, mediante esquemas de nómina diferenciada en periodos interprocesos, ajustes razonables en el número de consejerías de los consejos distritales o racionalización de gastos no sustantivos, evitando recortes lineales al SPEN o a las Juntas Distritales.

• Dar certeza al Servicio Profesional Electoral Nacional como mecanismo de selección y permanencia del personal.

La estabilidad y previsibilidad de la carrera electoral son indispensables para atraer y retener perfiles de alta capacidad. Cualquier reforma debe blindar al SPEN frente a tentaciones de politización, debilitamiento de sus concursos o precarización de sus condiciones laborales, asegurando que la lealtad de la estructura sea hacia la técnica y la institución, no hacia intereses coyunturales.

• Ampliar los criterios de evaluación y pericia técnica de las consejerías y órganos colegiados.

La profesionalización no debe limitarse al personal técnico. Es necesario que consejerías distritales y locales acrediten competencias en integridad electoral, seguridad de la información, administración de riesgos y derechos humanos, de modo que puedan ejercer un control colegiado informado sobre la operación distrital y acompañar responsablemente la estructura profesional.

En suma, el modelo de casilla con voto en papeleta y escrutinio en sitio sigue siendo el estándar normativo más robusto, y la estructura distrital profesional es condición necesaria para su correcto desarrollo. Cualquier reforma que busque fortalecer el sistema debe partir de este reconocimiento para llevar la discusión a un plano de garantía de derechos mediante mejoras institucionales concretas.