El desenlace del mundial de fútbol está cerca, lo que inaugura la confrontación de cifras para determinar el balance del torneo. Debido a la opacidad con la que opera la FIFA y la ausencia de información creíble por parte de los gobiernos es difícil saber con exactitud si organizar esta competencia fue un negocio justo para todas las partes. Quizá la única certeza es que se trata de una extraordinaria máquina de captura de rentas para la entidad “no lucrativa” que gestiona la competencia.
La FIFA proyectó ingresos de entre $13 mil y $15 mil millones de dólares para 2026. Es decir, entre $227 mil y $262 mil millones de pesos. Como referencia, durante 2025, el gobierno de Nuevo León obtuvo ingresos por $156 mil millones de pesos. De forma que una organización de apenas 4 mil empleados ingresa más dinero que el gobierno de una entidad de 6 millones de habitantes.
Parte de este éxito comercial se explica por innovaciones polémicas como los precios dinámicos, mediante los cuales la FIFA utilizó un algoritmo que ajusta el costo de los boletos en tiempo real según la demanda. También medidas como la nueva plataforma de reventa donde el organismo cobra comisiones del 15% tanto al comprador como al vendedor sobre boletos por los que, de hecho, ya había cobrado. Son prácticas que han llevado a los fiscales generales de California y Texas a iniciar investigaciones sobre posible manipulación de precios y engaño a consumidores.
Sin embargo, creo que el negocio profundo de la FIFA y que resulta muy difícil de calcular es la captura de rentas provenientes de bienes públicos. No hablo sólo de abusos como las generosas exenciones fiscales que México le otorgó, sino de los gastos directos e indirectos que se ejercieron con dinero público para hacer del mundial un producto altamente rentable.
Por ejemplo, el gobierno de Jalisco pagó $300 millones de pesos para montar y operar el Fan Fest de Guadalajara. Además, de otros $49 millones en el operativo de liberación de los alrededores del estadio, más oficinas rentadas para representantes de la FIFA, uniformes de voluntarios y estacionamiento para vehículos oficiales del organismo.
Para dimensionar el costo de oportunidad basta decir que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco opera con tan sólo $82 millones de pesos.
Mientras que, en otros eventos, como conciertos o ferias, es la empresa privada la proveedora de seguridad, logística, sanitarios y limpieza. En el caso de la FIFA, todos esos gastos se externalizaron al Estado. Se generó un bien público para beneficio directo e indirecto de privados.
En beneficios directos del erario, por ejemplo, la FIFA cobró al gobierno de la Ciudad de México unos $135 millones de pesos por los derechos de transmisión en sus pantallas públicas. Si bien, la autoridad asegura que el monto será reintegrado por empresas patrocinadoras, la realidad es que aún no ha mostrado un solo convenio que lo acredite.
No obstante, los beneficios indirectos del dinero público son aún mayores. La capital del país asumió múltiples gastos como el despliegue de más de 35 mil servidores públicos para resguardar el estadio, sus alrededores y los múltiples festivales.
Además de que realizó diez obras, por al menos $200 millones de pesos, específicamente para mejorar los alrededores del estadio Azteca (Estadio Banorte/Estadio Ciudad de México). A parte se cuentan otras como la restauración de líneas de metro, la ciclovía de Tlalpan y el “jardín” elevado Tlallipan (sumando inversiones totales por $29 mil millones); que se hicieron en el contexto del mundial, pero que generan beneficios más allá de elevar la plusvalía del estadio.
No es que en sí mismo esté mal que un gobierno destine recursos a eventos deportivos, culturales o a la realización de fiestas populares. En general, pueden ser acciones que mejoran el disfrute de la ciudad y promueven la actividad económica. Sin embargo, en el caso concreto del mundial hay cuatro componentes que resultan preocupantes:
1. Total asimetría de la captura del excedente.
La FIFA presiona contratos de Ciudad Sede que obligan a los gobiernos nacionales y locales a proveer costosos insumos (espacio, transporte, seguridad, operación, etc.) mientras el flujo comercial que estos subsidios generan (patrocinios, derechos de transmisión, boletaje, etc.) lo captura íntegramente la FIFA.
Recordemos que, por sí misma, la multitud congregada en el Zócalo también es un producto y un activo de marca. La FIFA vende qué empresas pueden comercializar productos en los Fan Fest y también utiliza al público como parte del producto audiovisual que se explota de forma espontánea (el ambiente en estadios y las calles) como mediante activaciones comerciales controladas. En cambio, el gobierno local no recibe ninguna ganancia.
2. Regresividad.
Mientras que el acceso directo al Estadio es pagado sólo por quien puede costear los altos precios (que este año duplicaron a los de Qatar). Toda la infraestructura y servicios necesarios para hacer el evento son pagados vía impuestos generales, que paga toda la ciudadanía. La analogía es simple: todos pagamos la fiesta, pocos entran, y a los excluidos se nos ofrece la posibilidad de verla a lo lejos en pantallas y espacios que también pagamos. Y, de hecho, la FIFA ya tuvo el atrevimiento en Nueva Jersey de cobrar por ingresar al Fan Fest en un espacio originalmente público.
3. Déficit en las cuentas.
El argumento estándar para justificar gastos públicos en eventos masivos es la supuesta derrama económica que generan. Sin embargo, la evidencia empírica sobre mega eventos (Matheson, 2006; Zimbalist, 2020) encuentra sistemáticamente efectos netos modestos o directamente nulos. De hecho, en la Ciudad de México ni siquiera hay acuerdo de cuánto fue la derrama pues el gobierno de Clara Brugada habla de cifras superiores a los $50 mil millones, mientras que la COPARMEX calcula un impacto de apenas $18 mil millones de pesos.
4. Producción pública de legitimidad privada.
Finalmente, el que considero es el componente más importante, aunque menos visible. Los festivales masivos financiados con dinero público generan la experiencia de que “el mundial es de todos” y alinean emociones positivas (como la euforia colectiva y la diversión) con marcas privadas concretas.
Cuando los gobiernos financian tan generosamente el mundial, no sólo están transfiriendo enormes rentas a la FIFA, también están lavando su imagen como ninguna agencia de relaciones públicas podría hacer. Al punto de que la inicial indignación por los elevados precios del boletaje y por la bien documentada trayectoria de corrupción y violación de derechos por parte de la FIFA y sus socios pasa a segundo plano; incluyendo atrocidades como la mano de obra esclava en Qatar que cobró 6,500 vidas.
Nada de esto exige renunciar a la fiesta y a disfrutar del ambiente mundialista en espacios públicos. Lo que implica es que dejemos de fingir que la fiesta más grande del fútbol es gratis y empezar a preguntar, con los contratos sobre la mesa, quién cobra por ella.
Debemos exigir que los estudios de impacto los realicen entidades independientes y que exista absoluta transparencia respecto a los subsidios directos e indirectos que el gobierno otorgará para que, al menos, sean sujetos de discusión pública antes de su aprobación.