A principios de año escribí La juventud que se nos escapa sin todavía contar con el dato del crecimiento del PIB mexicano en 2025. Ahora que la información está disponible, me sorprende que no ocasione el menor escándalo, porque según el INEGI, la economía “creció” en 0.8% mientras que la población lo hace al 0.7% anual (la natalidad más baja de la historia). No es sólo que cada generación llega a la vida en un país menos dinámico, es que estamos ante la crónica de un desastre anunciado (ver gráfica) y, aún así, las redes y las calles están libres de protestas. ¿Acaso perdimos la capacidad de indignación o es que hay motivos para contener el enojo?
Parte de la explicación de por qué la preocupación social se restringe a las tertulias de economistas y politólogos podría estar en los miles de millones de pesos que distribuye el gobierno federal directamente a los bolsillos de la ciudadanía. La mayoría mediante distintos programas sociales, que van desde becas infantiles hasta pensiones adicionales a las laborales. Logrando una penetración del 40% de los hogares.
En este texto NO discutiré si esta política (implementada desde el sexenio de López Obrador) es en sí misma, es buena o mala, sino si es sostenible. Es decir, si en palabras de Brundtland (1987) es un esfuerzo que “atiende las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones para satisfacer sus propias necesidades en el futuro”. O lo que es lo mismo: si no es pan para hoy, pero hambre para mañana.
Procedo a inventariar el pan. Gracias al agresivo aumento del salario mínimo y a las abundantes transferencias líquidas, la pobreza multidimensional bajó del 41.9% al 29.6% de la población entre 2018 y 2024. Es un cambio favorable imposible de menospreciar pues se traduce en que 13 millones de personas han mejorado su calidad de vida. Ciertamente el pan llega a la mesa y quien lo niegue, se pelea con sus prejuicios, pero no con los datos.
Sin embargo, también es cierto que el presupuesto federal está al límite. Aunque el monto total crece cada año y ya supera la histórica cifra de 10 billones de pesos, el dinero es insuficiente para mantener el Estado de bienestar. Cada año se ejerce un presupuesto deficitario que ya llevó la deuda amplia (SHRFSP) del 43.6% del PIB al inicio del gobierno de López Obrador, hasta 52.6% en 2025, y con la previsión de que 2026 cerrará en 54.7% del PIB (ver gráfica 1).
Si bien, otros países reportan mayores niveles de endeudamiento, el principal problema en México es que el gobierno apuesta por expandir un Estado de bienestar reducido a operar como cajero automático, menoscabando capacidades del propio aparato Estatal y tirando de una deuda improductiva y particularmente costosa.
Hay tanto estrés presupuestal que el régimen tiene que invocar la “austeridad republicana” para justificar los recortes a los servicios públicos proporcionados por el gobierno. Recortes que en lugar de acercarnos a un presupuesto balanceado, se utilizan para mantener las enormes transferencias de la política social.
Por ejemplo, el presupuesto federal asignado a hospitales e institutos de salud durante 2026 es 26.5% menor al ejecutado en 2024. Un retroceso que cuesta vidas y una paradoja que el mismo gobierno que reparte becas y apoyos, también renuncia a sus capacidades para proveer salud. Dejando al bolsillo de cada habitante el costear sus enfermedades. De hecho, la pobreza por acceso a estos servicios ya duplica los niveles previos al sexenio de López Obrador (ver gráfica 2).
Pero aún, la deduda es cara. Por un lado, las calificadoras internacionales han bajado la nota crediticia. En mayo, Moody’s recortó la calificación de Baa2 a Baa3 lo que significa que, con un solo recorte más, la deuda soberana mexicana pasaría a considerarse grado especulativo o “bono basura”.
Por otra parte, por ejemplo, a la fecha, los CETES a un año están pagando 7.24% en una economía que registra inflación de 3.3% y crecimiento de tan sólo el 0.8%. Un negocio enorme para los prestamistas, pero que resulta en una bomba de tiempo de naturaleza paradójica pues termina traduciéndose en un gobierno que no sólo transfiere dinero público a manos privadas mediante programas sociales sino también por los propios intereses de la deuda (78% de la cual es interna).
Entre enero y julio de este año el gobierno federal ha pagado más de 759 mil millones de pesos por este concepto. Es decir, en un semestre, los acreedores han recibido el equivalente a más de un año de la pensión universal de adultos mayores. En resumen, hay pan para todos, pero toca hablar del próximo desayuno.
Los datos de la Encuesta Intercensal 2025 dan cuenta de una población que alcanza dos récords: una esperanza de vida de 75.5 años y una fecundidad de apenas 1.2 hijos por mujer. Lo que implica que, para 2034, habrá más ancianos que menores de 14 años. Vivimos la urgencia de los últimos años del “bono demográfico” y, para 2027, el gobierno prefiere gastar en pensiones e intereses más del triple de lo que invertirá en infraestructura.
La preocupación se agrava si reconocemos que la pensión universal (o programas similares) muy seguramente serían el principal ingreso en la vejez para quienes empezamos a trabajar después de 1997, porque más de la mitad de los empleos son informales y los ahorros del esquema de AFORE son claramente insuficientes. Sin embargo, el Estado de Bienestar que tanto vamos a necesitar mañana, hoy se sostiene con un creciente déficit que cada año añade medio billón de pesos de deuda adicional.
Es un círculo vicioso de menor inversión pública y privada, que produce menos crecimiento, y ese menor crecimiento produce menos recaudación, lo que exige más deuda para pagar las múltiples promesas de un régimen que incluso las ha llevado a nivel constitucional. Es un ciclo insostenible cuyos únicos ganadores son los boomers, que crecieron durante los mejores años de desarrollo económico y ahora envejecen aprovechando la generosidad de unas arcas públicas cada día más anémicas.
La salida fácil de los defensores del esquema actual suele ser la promesa de realizar una profunda reforma fiscal. Por una parte, es una promesa que no parece estar entre los objetivos reales de un régimen que, en 8 años de gobierno con mayorías en el Congreso, ha priorizado polémicas reformas como la electoral y la judicial pero no la anhelada reforma fiscal.
Por otra parte, es una promesa que ni siquiera alcanzaría. Cálculos del impacto de una reforma fiscal progresista realizados por Oxfam y por la Alianza por la Justicia Fiscal consideran escenarios positivos de recaudación adicional de entre 1.5% y 2% del PIB. Es mucho dinero, pero aun así nos dejaría un remanente de déficit si seguimos con este esquema de gasto (ver gráfica 3).
Peor aún, hay algunas voces partidistas, inclusive de oposición, que ya empiezan a prometer destinos para los eventuales ingresos de una reforma de este tipo. Por ejemplo, hay quienes proponen construir un sistema nacional de cuidados que, por sí sólo, podría demandar hasta 1.6 puntos adicionales del PIB. ¡En lugar de reducir gasto y pagar deuda, quieren gastar más!
Es verdad que el centil más favorecido de la población concentra casi la mitad de la riqueza. Es verdad que gravar herencias millonarias, ganancias de capital y altos ingresos es una deuda de justicia distributiva. Necesitamos una reforma fiscal tanto para cuadras las cuentas como para hacer justicia, pero debemos acudir a esa discusión con los números sobre la mesa, porque no podemos tener la expectativa de costear un derroche.
Hoy hay pan y nadie debería minimizar su valor, pero no olvidemos que aún falta que traigan la cuenta y muchos de los que ahora se sirven generosamente de esta mesa, no estarán para desembolsar el pago.
Los gobernantes deben tratar la inversión pública como la condición material de los derechos de las siguientes generaciones. El gasto se debe ejercer priorizando la creación de más riqueza que, a su vez, pueda repartirse. Pero prometer con un escueto crecimiento del 0.8% es apuntalar el absurdo de repartir más rebanadas de un pastel que cada años se encoge.
No se trata de quitar los apoyos, sino de priorizar la progresividad. Es absurdo que, por ejemplo, reciben pensión universal hasta quienes ya cobran una jubilación elevada gracias a la Ley del 73. Los apoyos deben centrarse en quienes tienen mayor necesidad y estar enfocados en darles condiciones materiales para el ejercicio de derechos.
Así mismo, la extensión de los programas sociales debe responder a la recaudación real y no al calendario electoral. Resulta fundamental ampliar la base tributaria pues no es posible seguir sosteniendo al Estado sólo con los contribuyentes cautivos. URGE sumar a la recaudación a la mitad del mercado laboral que elude impuestos tan importantes como el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Viene año electoral. Precisamente para votar por las y los integrantes de la Cámara de Diputados, último responsable del presupuesto de ingresos y egresos de la federación. Es momento de actuar con visión de mediano y largo plazo y exigir compromisos creíbles sobre cómo garantizar Estado de Bienestar para el resto del siglo.